Pacífico Deliver: 10 días en altamar para traficar cocaína
Un semisumergible, dos toneladas de cocaína y cuatro colombianos llegaron a la costa oaxaqueña. La travesía mostraba indicios de una relación comercial entre narcotraficantes de diversos países, los registros disponibles no acreditan que la autoridad mexicana indagara más allá. En Colombia y en Panamá, en cambio, se realizó una operación binacional: la llamaron Pólux
Por Alejandra Crail / el universal
12 de noviembre de 2023
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a travesía inició a finales de diciembre de 2020. Los colombianos Ante, Dagoberto, Janer y Ervin se alistaron para pasar entre ocho y diez días en las aguas del Océano Pacífico. Viajarían en un semisumergible, una embarcación artesanal, discreta y camuflada, hecha de fibra de vidrio, cuya estructura se esconde mayoritariamente debajo del agua. Su misión: transportar 2 mil 149 kilogramos de cocaína a México.
La embarcación salió de la costa colombiana, paró un par de veces en las Islas Galápagos de Ecuador para cargar gasolina y, finalmente, los primeros días de enero de 2021, llegó a la costa oaxaqueña, muy cerca de las paradisíacas Bahías de Huatulco. Este es apenas un episodio de las dinámicas comerciales transnacionales entre organizaciones criminales de México y las de otros países de la región.
La rutina que debía seguir a la llegada del semisumergible a la costa oaxaqueña ya la tenían muy ensayada: entregaban la droga, hundían la embarcación y la tripulación se transportaba vía terrestre hasta la frontera con Guatemala. Cruzaban por Ayutla, municipio de San Marcos, para luego volver en distintos vuelos comerciales a Colombia, con una escala en Panamá.
Pero aquel enero de 2021 la rutina no se completó. La Marina-Armada de México vigilaba la costa a bordo de una aeronave King Air cuando avistó la “embarcación sospechosa”, según el boletín que difundió la Secretaría de Marina (Semar). Esperaron a que el clima mejorara para interceptar el cargamento. Detuvieron a los cuatro colombianos que cargaban con las dos toneladas de cocaína.
La ruta detectada con el semisumergible asegurado en Oaxaca revela la coordinación de personas de al menos tres países: Colombia, Ecuador y México. Ilustración: Bruno Ferreira
Tras la captura, los pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, la dependencia que dirige el fiscal general Alejandro Gertz Manero, informó vía transparencia la Semar. Los colombianos fueron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social 13 en Miahuatlán, Oaxaca, acusados del delito de posesión de substancias ilícitas con fines de introducción a territorio nacional. Pero del semisumergible no hay registro, pues la FGR respondió al pedido de información de este equipo periodístico que no tiene datos sobre las embarcaciones incautadas por trasiego de droga en la última década.
No hay certeza del número de semisumergibles que llegan año con año a las costas mexicanas para entregar cocaína. Según la información que entregó vía transparencia, entre 2007 y 2022, la Semar aseguró 67 embarcaciones —lanchas rápidas, minisubmarinos y semisumergibles— que transportaban el estupefaciente. Por ejemplo, en 2008 ubicó un minisubmarino en Salina Cruz, Oaxaca. El navío provenía de Colombia y traía consigo 257 paquetes de cocaína. También en diciembre de 2022, la Guardia Costera detuvo un semisumergible con 860 bultos en Puerto Chiapas, Chiapas, con dos nicaragüenses y dos ecuatorianos a bordo. La embarcación se hundió.
La mayoría de estos aseguramientos, según la información obtenida, se realizaron en Puerto Chiapas, Chiapas (20); en Acapulco, Guerrero (12); Lázaro Cárdenas, Michoacán (7) y Manzanillo, Colima (5). Sin embargo, hay hallazgos de embarques de cocaína en otros puntos del Pacífico mexicano, entre ellos Huatulco en Oaxaca.
A más de 6 mil kilómetros, investigadores de la Fiscalía General de la Nación de Colombia daban con la noticia de los colombianos detenidos en México. Habían buscado la información en fuentes abiertas, luego de que en comunicaciones interceptadas a narcotraficantes escucharan sobre la detención de “Don Dago” y “Dante (Ante)”, como identificaban a dos de los prisioneros.
“En varias conversaciones se deja entrever que estas personas se encontraban capturadas en los primeros días de enero de 2021 y habían sido objeto de dos audiencias”, se lee en el Formato Informe Ejecutivo del Fiscal fechado el 7 de abril de 2022, que fue filtrado junto con 13 millones de correos electrónicos y archivos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia a 32 medios de todo el mundo, entre ellos El Universal, en el proyecto #NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, liderado por OCCRP en alianza con la organización periodística CLIP.
Para entonces, los fiscales colombianos, junto con sus homólogos de Panamá, llevaban dos años investigando a una organización criminal que coordinaba envíos de estupefacientes desde Colombia a varios países, entre ellos México y Estados Unidos, por medio de estas embarcaciones.
La ruta
Mosquera es un municipio costero en el Pacífico colombiano casi todo cubierto de bosque húmedo tropical y manglares. Lo cruzan múltiples ríos que desembocan en ese océano. Este municipio queda al norte de Nariño, el departamento colombiano que, según el Monitoreo de los Territorios con Cultivos de Coca de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), tenía en 2022 casi 60 mil hectáreas de cultivos de coca, la mayor extensión del país.
En ese lugar selvático y pobre, la organización criminal fabricaba los semisumergibles para luego enviarlos a México, según el citado Formato Informe Ejecutivo del Fiscal del 7 de abril de 2022 y otra decena de documentos encontrados en la filtración de la Fiscalía.
Autoridades de la Policía Nacional de Colombia y sus homólogas en Panamá llamaron esta investigación, la Operación Pólux. Pólux es el nombre de uno de los Dioscuros, uno de los gemelos hijos de Zeus, a quienes se les atribuye el rol de salvar y proteger a los que están en peligro en el mar o en la guerra. Pólux era el hermano inmortal.
Sobre aquel semisumergible que llegó a las costas oaxaqueñas en enero de 2021, las autoridades colombianas no establecieron quién recibía el cargamento en México, pero aseguran que hay vínculos de la organización de Colombia con integrantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes, a su vez hacen alianzas comerciales tanto con el Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) como con el Cártel de Sinaloa.
Lo que para Colombia era evidencia de las actividades criminales transnacionales, para México no representó una oportunidad para indagar cuáles son los acuerdos comerciales de los cárteles mexicanos de la droga en el extranjero.
Había indicios. Entre las pertenencias de la tripulación capturada en México se encontró una libreta y una hoja de papel con un listado de países: Colombia, Perú, España, Holanda, Francia, Brasil, Argentina, Venezuela, Italia, México. Contenía coordenadas, contactos y ubicación de puntos de recarga de combustible. También las palabras clave con las que identifican a las patrullas estadounidenses, colombianas, helicópteros, aviones y lanchas mexicanas. La droga estaba en paquetes con el símbolo de Starbucks Coffee y otras marcas no identificadas.
La FGR envió parte del expediente a Colombia, luego de que autoridades de este país solicitaran información sobre la detención de los cuatro colombianos en Oaxaca. Imagen: NarcoFiles
Los registros disponibles en otra filtración que se dio en México con correos electrónicos y documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), conocida como Guacamaya Leaks, y a la que El Universal tuvo acceso, dan cuenta de que las autoridades mexicanas registraron la detención de quienes transportaban la droga, pero no fue un hecho de amplia discusión. En la minuta del 8 de enero de 2021, el Capitán Naval Francisco Santiago informó a representantes de la Secretaría de Gobierno, Guardia Nacional, Sedena y autoridades estatales que desde el 3 de enero detectaron la embarcación, pero la interceptaron tres días después debido a las condiciones climatológicas, según el documento de la reunión de la Coordinación Estatal Oaxaca para la construcción de la paz. En otra minuta, fechada el 13 enero, se complementaron las generalidades: interceptación de un sumergible, 106 bultos con cocaína asegurados, mercancía y ciudadanos colombianos puestos a disposición de la FGR y la confirmación de que los bultos contenían 2 mil 149 kilogramos de cocaína.
La UNODC calculó en 2021 que un kilogramo de cocaína costaba 30 mil dólares al menudeo en Estados Unidos (unos 603 mil pesos, con el tipo de cambio de ese año). Es decir, el cargamento capturado estaba valuado en 64.4 millones de dólares (mil 295 millones de pesos).
No hay registros de que el gobierno liderado por Andrés Manuel López Obrador buscara a las autoridades colombianas para trabajar conjuntamente en el caso.
“Los sistemas de investigación e inteligencia contra lavado de dinero son más fuertes en Estados Unidos, pero en los países de América Latina son súper débiles, entonces solo se golpean a los transportadores y a los sicarios, pero no a los cerebros, a los jefes de los cárteles. Las estructuras se mantienen intactas”, advierte Raúl Benítez Manaut, investigador especializado en seguridad nacional y crimen organizado en México y Estados Unidos.
Este equipo periodístico solicitó a FGR de México su versión de los hechos, pero no dio respuesta. La entidad sólo confirmó que la investigación contra los cuatro colombianos detenidos sigue abierta, y a través de su área de prensa se excusó de dar más detalles.
La ruta del Pacífico
Las organizaciones criminales mexicanas asumieron un papel protagónico en el tráfico de cocaína hacia uno de los países con mayor índice de consumo en el mundo: Estados Unidos. Tras los golpes a los cárteles colombianos durante los 90, los conflictos civiles en Centroamérica, junto a la Iniciativa para la Cuenca del Caribe —que cerró la ruta a embarques de cocaína por el Caribe—, los cárteles mexicanos se volvieron socios naturales de los sudamericanos. México terminó por convertirse en la única puerta de acceso hacía Estados Unidos, explica el investigador Benítez Manaut.
“Los narcotraficantes colombianos tuvieron que hacer alianzas con los mexicanos para poder pasar la cocaína a través de México. Así nació también la ruta del Pacífico, trasiego por mar abierto, para mandar drogas a las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Sinaloa, a veces con escala en El Salvador o Guatemala, porque no pueden entrar a Estados Unidos por mar”, detalla. De hecho, en el Reporte Mundial de Drogas 2022, la UNODC asegura que la mayoría de la cocaína colombiana se moviliza por medio del Océano Pacífico, usualmente por botes o semisumergibles.
Las rutas del Pacífico abrieron campo a la innovación. Los semisumergibles —explican el Major Armando Hernández, Major Rick A. Galeano y el Teniente Mario Escobar en su tesis La red de semisumergibles (2012)— representaron una evolución en el transporte de cocaína. Los cárteles colombianos compraron insumos y conocimiento a técnicos de Rusia, Pakistán y Sri Lanka. En 1995 un ciudadano ruso fue detenido en Miami por tratar de vender un submarino soviético a los cárteles colombianos y en el 2000, la policía de Colombia encontró un semisumergible a medio construir que incluía documentos rusos con el diseño de la embarcación.
Los semisumergibles son construidos en la costa del Pacífico colombiano, desde Tumaco hasta Buenaventura. Se construyen las embarcaciones cerca de las costas, camuflados en los manglares. Tras 20 días de trabajo, el semisumergible tiene acceso casi directo al Pacífico por medio de los ríos que desembocan en el mar.
Usualmente, estas embarcaciones cuentan con sistemas de navegación, radios de comunicación y motores que funcionan con gasolina. Requieren pocos navegantes porque el espacio es reducido. Pueden transportar hasta 10 toneladas de cocaína en cada viaje, según las dimensiones con las que se construyan.
El legado de este conocimiento y de las rutas de trasiego se ha mantenido en las últimas dos décadas en Colombia. La investigación de la Operación Pólux encontró rutas con destinos diversos: México, Ecuador, Guatemala, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos.
En México se desconoce el número de semisumergibles que llegan a las costas del Pacífico. En 10 años la Semar aseguró sólo 67 embarcaciones. Ilustración: Liliana Pedraza.
La pista que desató la investigación vino de un informe del 18 de diciembre de 2019, firmado por el Grupo Especial de Investigación Interagencial (GESIN) de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía colombiana. En él se narraba que una agencia controlada por la embajada estadounidense tenía información de una organización en la que participaban funcionarios adscritos a las armadas de Colombia, Panamá y Costa Rica.
La organización, establecieron las autoridades, tenía una vinculación con los Narváez Reyna, un grupo criminal conformado por familias de Nariño que dejaron la pesca de lado y se dedicaron al transporte de estupefacientes. La estructura tuvo varios cambios internos por las detenciones de los integrantes originales. La información oficial muestra que Aicardo Bolaños Veira, Julio César Caicedo Valencia, Iván Caicedo Cuero y Ady Francisco Valentierra Castro, identificado como el líder, conformaban el grupo hasta que fueron detenidos en 2015 con fines de extradición a Estados Unidos por tráfico ilícito de estupefacientes. “Se trataría de las cabezas de un cártel que pagaba grandes cantidades de dinero a estructuras de las Farc para poder pasar la droga por las rutas del Pacífico”, dijo la Armada colombiana en un boletín de noviembre de 2015. En 2016, las guerrillas de las FARC firmaron la paz con el gobierno colombiano; dejaron las armas y los negocios ilícitos. Algunos grupos residuales de esas guerrillas, que no participaron en el acuerdo de paz, siguieron con el lucrativo negocio.
Pese a la detención, la organización de trasiego no se desarticuló. En 2019 se volvió a tener noticias de ellos. El liderazgo quedó en manos de Fausto Reina Bravo, apodado “El Profe”. La Dirección Especial contra el Narcotráfico de la Fiscalía colombiana estableció que usaban servicios de “outsourcing criminal”, una tercerización de la contratación de mano de obra para construir los semisumergibles y para emplear personal “de suma confianza” que pudiera tripularlos. Los empleadores dotaban de pasaportes, cédulas y trámites migratorios nacionales e internacionales a los contratados antes de enviarlos a altamar.
La información ubicada en los correos de la Fiscalía, así como en boletines de prensa, señala que los grupos dedicados a la construcción y navegación de estas embarcaciones están vinculados con el Frente 30 y el Bloque Occidental 'Alfonso Cano' (Boac) de las disidencias de las FARC. Aunque la autoridad colombiana lo ha señalado públicamente y ha quedado asentado así en sus informes internos, este diario no encontró evidencia tangible en los documentos filtrados de estas relaciones.
Por medio del ejercicio del derecho de petición, se le preguntó a la Fiscalía General de la Nación de Colombia sobre el vínculo entre las personas capturadas en el marco de la operación Pólux y cárteles de la droga mexicanos. Respondió que “no está facultado para servir como órgano consultivo”, por lo que “no es viable afirmar y/o negar los datos, ni ofrecer conceptos teóricos sobre la dinámica del tráfico de estupefacientes a nivel local y regional.
La operación binacional
El aseguramiento de los cuatro colombianos, la cocaína y el semisumergible en México se convirtió en pieza de una operación que en secreto trabajó la Fiscalía colombiana con su homóloga en Panamá. A juzgar por los documentos analizados, la fiscalía mexicana se limitó a enviar información de la detención ante una solicitud desde Colombia. También quedaron registrados como parte de la investigación otros dos aseguramientos de semisumergibles tripulados por colombianos realizados por Estados Unidos en 2020. En ambos casos, los detenidos fueron extraditados y sus expedientes se mantienen abiertos, pues algunos han apelado.
Fragmento del informe sobre el Caso Pólux encontrado en los correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Imagen: NarcoFiles
En marzo de 2022, las autoridades colombianas recibieron una solicitud de asistencia judicial de parte de la Procuraduría General de la República de Panamá. Pedían información sobre el colombiano Juan Carlos V. por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas. En Panamá también habían recibido en 2019 información sobre una estructura criminal que se dedicaba al “apoyo logístico y tráfico de sustancias estupefacientes desde la República de Colombia hacia la República de Panamá y la República de Costa Rica”.
Así, desde agosto de aquel año, instauraron la Operación Pólux. El intercambio de información rindió frutos y en mayo de 2022 realizaron detenciones de personas de ambas nacionalidades, aseguramientos y un listado de bienes que fueron incautados y llevados a un proceso de extinción de dominio.
A la organización se le acusó en Colombia de sacar siete toneladas de cocaína mensualmente en lanchas rápidas y semisumergibles con destino a Panamá, y otros países del continente, incluyendo México. A “El Profe” se le acusó de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes agravado, concierto para delinquir agravado, utilización y tenencia de semisumergibles agravado, lavado de activos, testaferro y tráfico de armas de fuego. Además, detuvieron a otras 11 personas.
En Panamá, Javier Enrique Carballo, Procurador General de la Nación, informó la aprehensión provisional de siete personas y una octava con medida cautelar distinta a la detención. Aseguró que el grupo criminal obedecía órdenes del Frente 30, un grupo disidente de las FARC que “afianzaba sus tentáculos en Panamá”.
En Colombia la Operación Pólux está en una audiencia de fase intermedia. De las 12 personas detenidas, sólo 5 fueron sentenciadas por el delito de conspiración para cometer delitos relacionados con droga, informó Katherine Hill, Fiscal de Drogas de Panamá a través de un video publicado en agosto de 2023.
Ambas naciones dijeron públicamente que se trató de una operación binacional. Pese a los vínculos encontrados en otros países del continente, incluyendo a México, no se encontraron documentos que demostraran que la investigación haya ido más allá de estos dos países.
Ilustración de portada: Liliana Pedraza.
Este artículo es parte de NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con Quinto Elemento Lab y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo.
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