La sombra del narco en el caso de Odebrecht Colombia
Las negociaciones de tres fincas vinculadas al crimen organizado llevan enredadas en las cercas los sobornos de la multinacional. Eduardo Zambrano, quien le ayudó a Odebrecht a entrar a Colombia una enorme cantidad de fondos ilegales, había sido condenado en Brasil por contribuir sus oficios a los carteles colombianos en los ochentas
Por Noticias Caracol Y Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)
14 de noviembre de 2023
E
l capítulo colombiano del escándalo internacional de Odebrecht parece no tener fin. Desde 2008 hasta 2015, la multinacional brasileña de ingeniería pagó alrededor de 56 millones de dólares en sobornos a políticos y funcionarios públicos sólo en este país sudamericano para quedarse con varios contratos de obra y conseguir ventaja en negocios futuros.
En el último año, la Fiscalía ha imputado a un centenar de personas. El pasado agosto, el Grupo Aval y su fiduciaria Corporación Financiera Colombiana SA llegaron a un acuerdo prejudicial con el Departamento de Justicia estadounidense por cuenta del amplio material probatorio que los involucra en un “importante ardid de sobornos” en el caso de la Ruta del Sol II. El acuerdo impone amplias obligaciones a cargo de las entidades financieras, incluyendo la entrega de información sobre los ilícitos posiblemente cometidos así como el pago de US$ 80 millones.
A pesar de estos avances, en Colombia la justicia aún no termina de identificar a todos los receptores de los multimillonarios sobornos, ni de esclarecer íntegramente las rutas sinuosas de estos dineros ilegales. Esta investigación transfronteriza entre Noticias Caracol, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y OCCRP encontró un actor hasta ahora no identificado en la trama judicial de Odebrecht en Colombia: el narcotráfico. Son conocidos los prontuarios criminales de algunos intermediarios que contrató la multinacional para repartir sobornos o hacer lobby ante las autoridades y favorecer sus intereses, como Otto Bula, condenado por estos hechos. No obstante, al seguir el camino del dinero, este trabajo periodístico revela vínculos de lobistas con la mafia que hasta ahora han sido omitidos por la justicia. Desnuda además operaciones vinculadas a tres fincas que revolvieron coimas y narcodineros en la misma máquina lavadora.
De los centenares de fallos judiciales en Colombia y en el exterior sobre el sonado escándalo Lava Jato, del que Odebrecht fue protagonista, esta historia permite entrever que al menos en este país, algunas venas por donde corrieron dineros sucios de la compañía brasileña pasaron por el corazón del crimen organizado.
El trabajo colaborativo hace parte del proyecto NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quiénes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con más de 40 medios de comunicación del mundo, quienes examinaron durante meses el material junto a cientos de otros documentos judiciales, estatales y privados; numerosas bases de datos privadas y públicas; y realizaron entrevistas múltiples con protagonistas, fuentes confidenciales, expertos e investigadores, entre otros.
Un sobornador que cuidaba su reputación
El sofisticado sistema de fondos ilegales del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht movió el dinero desde sus cuentas bancarias en Antigua, Andorra, Portugal, entre otros países, hacia empresas offshore de intermediarios. Luego, éstos le ayudaban a “bajarlo” a los países y repartirlo a sus sobornados. Semejante esquema demuestra hasta dónde llegó la multinacional para esconder sus operaciones clandestinas. Quería ganar contratos rápidamente, pero a la vez mantener su reputación de ser una eficaz firma internacional de ingeniería sin tacha.
Los ejecutivos de Odebrecht encargados de coordinar los pagos ilegales solían elegir intermediarios de bajo perfil, según relató a este equipo periodístico una autoridad brasileña que estuvo muy cerca de la investigación.
En Colombia, según dijeron ante las autoridades los confesos lobistas, los ejecutivos de Odebrecht solían imponer condiciones para tramitar los pagos. Uno de los lobistas contratado por la constructora para impulsar estas operaciones ilegales, Federico Gaviria, le dijo a la Fiscalía que, con la entrada en 2013 del nuevo director superintendente, Eleuberto Martorelli, la multinacional les pedía proponer “empresas serias, o empresas con trayectoria” porque iban a ser aprobadas en Brasil para poder hacer los giros a través de ellas.
Mientras esto exigían, los directores de la empresa constructora no vieron problema en pagar millones por el trabajo de intermediación y cabildeo a lobistas, como el mencionado Gaviria y al exsenador Otto Bula, a pesar de sus nexos oscuros. José Byron Piedrahita, un gran narcotraficante que había conseguido pasar por ganadero legítimo por dos décadas, llegó a un acuerdo con la Fiscalía General y confesó que había mantenido relaciones comerciales con ambos.
En 2011, Bula tuvo su primer contacto con Luiz Bueno, director de Odebrecht para Colombia, a través de Federico Gaviria, un ingeniero civil que venía trabajando con la multinacional desde años atrás y hasta 2017, cuando la justicia colombiana empezó la investigación de los sobornos que la multinacional había pagado en el país. Gaviria probó ser un asesor y lobista efectivo por sus contactos empresariales y políticos de tres directores de Odebrecht para Colombia: Marcelo Jardim, Luiz Bueno y Eleuberto Martorelli. Mientras ejercía esa labor, Gaviria también pagó sobornos para quedarse con un contrato por 67.000 millones de pesos con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, según él mismo admitió ante la justicia.
¿Por qué la multinacional, que quería preservar su imagen, eligió trabajar con estos personajes?
Este equipo periodístico envió preguntas a Novonor (el nuevo nombre que adoptó Odebrecht) con estas y otras sobre las operaciones de las fincas y la empresa respondió que “no comenta sobre el contenido de la información proporcionada de forma confidencial en el ámbito de los procedimientos realizados por las autoridades públicas en Colombia”. Reiteró, además “que ha venido colaborando desde 2016 con autoridades de diversas jurisdicciones y, amparados por los protocolos del mecanismo de cooperación judicial, la compañía y personas naturales colaboradoras han aportado y pueden seguir aportando elementos materiales probatorios en la jurisdicción colombiana, como se ha hecho en otros países, coadyuvando a hacer claridad sobre materias de interés investigativo”.
En los últimos años, la compañía ha llevado a cabo una profunda reestructuración de su gobierno corporativo y programa de integridad, aplicando reconocidos y eficaces estándares de cumplimiento en sus procesos internos y externos. Monitores independientes aprobados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Ministerio Público Federal de Brasil certificaron que el Programa de Integridad de Odebrecht y en octubre de 2022, en su Informe Anual sobre el Sistema de Sanciones, el Banco Mundial, señaló a la empresa “como líder entre las organizaciones enfocadas en el cumplimiento (compliance)”.
Puede ser revelador el hecho de que algunos de estos intermediarios tenían acceso a políticos de peso nacional. Bula, por ejemplo, había salido elegido al Senado en fórmula con su socio Mario Uribe, ex presidente del Congreso. Éste había sido gran aliado político de su primo Álvaro Uribe Vélez en su primer período en la Presidencia de Colombia, precisamente cuando Odebrecht regresó al país a buscar contratos, después de una larga ausencia. Mario Uribe fue condenado como cómplice del paramilitarismo que asoló el país entre fines de los noventa y comienzos del nuevo siglo dejando millones de víctimas de masacres, despojo y otros crímenes.
Una fuente vinculada a la empresa y que acompaña el caso en Colombia, y quien pidió no ser identificada, indicó que nunca hubo ninguna intención de aproximación a personas u organizaciones para vincular a la empresa más allá del alcance de los proyectos de infraestructura que realizaba en el país. Aseguró que su foco siempre fue la infraestructura y que si hubo personas que trabajaban externamente para la empresa y también en otras actividades, con otros grupos y fines, no fue deliberado ni intencional y, probablemente, no era conocido por los integrantes de la empresa.
Visita la página de CLIP para leer la historia completa.
Este artículo es parte de NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con Quinto Elemento Lab y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo.
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