Un paso de esperanza convertido en engaño
En Campeche, 14 ejidos señalan a Barrientos y Asociados de fraude: el despacho contratado por Fonatur los engañó en el pago por el paso del Tren Maya por sus tierras
Por Jairo Magaña y Juan Carlos Pérez / La Jornada Maya
Ilustración: Sergiopv
18 de octubre de 2021
El ejido Miguel Alemán, en Campeche llegó, a principios de 2019, un representante del despacho Barrientos y Asociados, S.A. de C.V. (ByA), para decirle al comisariado ejidal que había un regalo, una recompensa económica sólo por tener hectáreas cercanas a las vías del Tren Maya; después llegó el dinero y fue repartido entre los ejidatarios, quienes desconocían que sería menos de lo que el gobierno federal ya tenía dispuesto y aprobado con el despacho para ellos.
“Tendrán un regalo por estar cerca de las vías”, les dijeron, “les vamos a dar tres pesos por metro cuadrado”. Ellos respondieron que no, que era poco, mejor el doble, seis pesos, y Alan Young Cruz, representante de Barrientos y Asociados, el despacho que ganó por adjudicación directa del gobierno federal para hacer el trámite de cesión de los derechos de vía del Tren Maya, contestó que estaba bien.
Pero Enrique Collí, ex comisario ejidal, recuerda contundente: “nos engañaron”.
En otros ejidos de Campeche la dinámica era la misma: acudían y daban una cantidad, los convencían y después llevaban a los comisariados a la capital, Campeche, a firmar cheques autorizados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para liberar los terrenos, pero Barrientos se quedó con parte de los cheques y del dinero.
Por ejemplo: Barrientos pagó, con recursos públicos, 645 mil pesos a los ejidatarios de Miguel Alemán, pero se quedó con un cheque de 12 millones de pesos que le hicieron firmar a Enrique Collí, le dijeron que era parte de sus servicios.
La primera propuesta del despacho fue pagarles a tres pesos el metro cuadrado, por lo que convocaron a asamblea para informar y los más de 200 ejidatarios que acudieron acordaron que no, que querían más; es decir, seis pesos por metro cuadrado.
Cuando hablaron con el representante de ByA, sin chistar les dio el sí, porque “había dinero para convencerlos”.
Sin que los ejidatarios buscaran orientación de la Procuraduría Agraria, el organismo encargado de proteger sus derechos, siguieron el proceso esperando la llegada de los cheques, pero no fue así, sino que un día los de ByA llegaron por Enrique y su comisariado, compuesto por secretario y tesorero; los subieron a una camioneta argumentando que era parte del apoyo para no poner sus vidas en peligro, pues era riesgoso cargar con un cheque de las cantidades que les iban a entregar.
Representantes del despacho los trasladaron hasta Campeche, a 220 kilómetros de Miguel Alemán, específicamente a unas oficinas federales en el inmueble conocido como el Palacio Federal. Ahí los esperaba supuestamente alguien de Fonatur y una notaria pública que iba a dar fe y legalidad al proceso.
Su sorpresa fue cuando vieron que había más gente haciendo fila para pasar, comisariados de los demás ejidos del tramo 1, desde Corte de Pajaral y Pejelagarto, del municipio de Candelaria, así como Don Samuel, Haro y División del Norte, del municipio de Escárcega.
Con el pretexto de la pandemia, de que eran muchos y no podían tardar tanto, entraban y salían los comisarios, acompañados por personal de ByA. Collí recuerda: “cuando nos tocó a nosotros, entramos, me entregaron los papeles y me dijeron ‘firme aquí, también aquí y este también’, tres documentos que no me dejaron leer, primeramente; me los quitaron y me dijeron que no podía tardar y que debía firmar enseguida, que si no quería firmarlos que lo dijera en ese momento”.
Les comentaron que ya habían firmado otros ejidos de la misma manera, que sólo faltaban ellos y unos más para finiquitar el proceso, así que lo apresuraron a firmar para ya irse.
Finalmente, les entregaron cuatro cheques, “me tomó del brazo, el de Barrientos, y nos dijo que nos iban a acompañar a cobrarlo para que no haya peligro, incluso nos mostró que estaban armados para defendernos por cualquier cosa (armados, literalmente, con una pistola)”, relata Enrique Collí, ahora en calidad de ex comisario ejidal, desde su casa.
“Cuando íbamos en el trayecto nos pidieron el cheque por 12 millones, porque según era el pago de sus servicios profesionales, mientras que los que iba a cobrar para el ejido eran dos, uno de 645 mil y otro de millón 400 mil, que eso era lo que le correspondía al ejido y que según lo platicado en las asambleas así habíamos quedado y que ese de 12 millones no sería reflejado por lo mismo, porque estaba contemplado para sus servicios profesionales”.
ACERCA DEL EDITOR
Con 15 años de experiencia, Juan Carlos Pérez ha estado en La Jornada desde 2018 y es profesor de periodismo en la Universidad La Salle en Cancún. Ha pasado su carrera cubriendo la península de Yucatán, en el sureste de México y los estados del Golfo. Fue reportero de investigación para el diario Novedades y desde 2011 ocupa cargos directivos. Actualmente es jefe de información en La Jornada Maya y coordina a una red de corresponsales en tres estados (Quintana Roo, Yucatán y Campeche). Juan Carlos es miembro de la primera generación de MásterLAB, el programa de formación para editores de reportajes de investigación, iniciativa de Quinto Elemento Lab. Tuvo por mentor en este programa de formación al periodista estadounidense Dudley Althouse.
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