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Crean negocios al vapor para ganar contratos con el gobierno de AMLO

La llegada de la Administración lopezobradorista generó un ‘boom’ de nuevas empresas ávidas de convertirse en proveedoras gubernamentales: 171 compañías surgieron durante el primer año del sexenio y lograron contratos por 366 mdp con 92 dependencias federales

Por Esteban David Rodríguez / Quinto Elemento Lab

02 Marzo 2020

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na Gabriela Guevara se convirtió en la velocista más exitosa de México al romper récords mundiales hace casi 20 años, antes de que se retirara del atletismo y brincara a la arena política. Hoy, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que dirige la medallista olímpica intenta batir otras marcas: otorgar con suma rapidez contratos directos a empresas que tienen menos de dos meses de nacidas.

La excampeona no es la única funcionaria que está haciendo ese esprint: el fenómeno está extendido prácticamente por todo el nuevo gobierno lopezobradorista. Durante el primer año del sexenio surgieron empresas que antes no existían y, creadas casi ‘al vapor’ a la par que arrancaba la Administración federal, fueron favorecidas rápidamente con contratos otorgados por casi un centenar de dependencias públicas.

Una investigación desarrollada por Quinto Elemento Lab encontró que una colmena de 171 compañías creadas entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019 recibió durante el primer año de gobierno transferencias económicas por un monto global de 366 millones de pesos (mdp) por parte de 92 dependencias de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

En total, estas compañías captaron 561 contratos gubernamentales durante el primer año de gobierno, y siete de cada diez fueron adjudicados directamente por las dependencias, es decir, sin que mediara una convocatoria pública, de acuerdo con una revisión en la base de datos de Compranet.

Quinto Elemento Lab detectó la fecha de creación de estas compañías al examinar en Compranet las claves alfanuméricas del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los nuevos proveedores gubernamentales, y desentrañó quiénes son los socios y empresarios que fundaron estas sociedades al revisar más de un centenar de documentos patrimoniales en registros públicos de México, Estados Unidos y Panamá.

Del total de contratos otorgados a estas empresas que nacieron poco antes de la llegada del nuevo gobierno y durante todo el primer año de la Administración, 398 (71%) fueron asignados por adjudicación directa; 92 (16%) bajo el sistema de invitación a tres personas, y sólo 71 (13%) de ellos fue concursado bajo un proceso de licitación pública.

Antes de que llegara a Palacio Nacional, López Obrador solía criticar la asignación de contratos gubernamentales sin concurso, pero en abril de 2019 el presidente justificó el método de las adjudicaciones directas en su gestión pues tenía el objetivo de “combatir la corrupción”. El presidente acusó que gobiernos anteriores simulaban procesos de licitación que en realidad favorecían a empresas extranjeras.

VAPOR

Consentidas
Dentro del grupo de compañías creadas prácticamente de manera simultánea con el ascenso de la Administración lopezobradorista, el 77% de los integrantes de los consejos de estas empresas carecen de experiencia empresarial previa, de acuerdo con un cotejo efectuado en el Registro Público de Comercio (RPC), en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y en padrones locales de proveedores.

Entre aquellos que sí cuentan con trayectoria empresarial, casi un tercio forma parte de sociedades comerciales que suscribieron contratos con el gobierno federal por bienes o servicios ajenos a su experiencia corporativa.

Las nuevas compañías surgieron de forma paralela al arribo del nuevo gobierno, a un ritmo de entre 13 y 14 por mes, en promedio. Entre el 1 de noviembre de 2018, un mes previo a la toma de posesión de López Obrador, y el fin de febrero de 2019 se crearon 90 de las 171 empresas que rápidamente se convertirían en proveedores gubernamentales, según la información contenida en los RFC del padrón de Compranet.

Según las bases de datos analizadas, la cuarta parte de esas compañías facturaron sus primeros contratos públicos durante su primer trimestre de existencia, y algunas incluso lograron amarrar convenios antes de su primera quincena de vida.

La compañía con facturación más veloz fue Laguna Cleaning, del sector de limpieza, creada el 21 de diciembre de 2018 por Isabel Izaguirre y Mariangel Tamayo Izaguirre. Demoró sólo 11 días en obtener dos adjudicaciones directas por parte de la Secretaría del Trabajo, por un valor de 85 mil pesos.

MSA Médica, comercializadora del sector clínico, de Alejandra Jaimes García y Teresa García Guerrero, tardó 21 días en conseguir su primera adjudicación directa con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y pronto reunió cinco contratos que sumaron 1.2 mdp.

Grupo Abasto Médico MA, una empresa creada en la misma semana que el nuevo gobierno llegó al poder, obtuvo el mayor número de contratos. Fundada el 6 de diciembre de 2018 por Mario Enrique González Galindo y Alberto Alfie García, logró su primera asignación el 1 de enero de 2019, y desde entonces acumuló 97 contratos más, uno por parte del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el resto por parte del IMSS, que juntos sumaron un valor global de 7.8 mdp.

El contrato más cuantioso de este grupo de compañías nuevas fue para Comercializadora y Suministros para el Calzado Bont, de Claudia Victoria Hernández Barajas y Óscar Medina Arellano. La empresa se fundó en febrero del 2019, y para octubre había pactado con el IMSS un contrato que ganó vía licitación por un valor de 33.1 mdp para el surtido de uniformes para médicos residentes.

Por igual concepto, Comercializadora e Insumos para el Calzado Tadi, de Alejandra Edith Vega Morales y Juana Irazú Blancarte Urrutia, recibió el segundo contrato más grande, por parte de la misma dependencia: 25.3 mdp.

De los 561 contratos que se otorgaron a empresas de reciente creación durante el primer año de gobierno, seis dependencias otorgaron el 58% de ellos: El IMSS, el ISSSTE, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y las secretarías de la Defensa, Comunicaciones y Transportes y Gobernación.

La Conade, por su parte, celebró al menos tres contratos con empresas de reciente creación durante el primer año de gobierno y una de las empresas seleccionadas tiene como socia a una exasistente de la propia directora de la Conade, Ana Guevara, cuando ella fue legisladora en el Senado de la República.


Ostergard y Borgelund, nórdicas en la Conade
Arrancaron con diferencia de una semana, tienen nombres de inspiración nórdica, protocolizaron sus respectivas escrituras ante el mismo notario, y ‘cruzaron la meta’ el mismo día: el 1 de junio, cuando ambas comenzaron a facturar por asesorías jurídicas a la Conade.

De acuerdo con su acta constitutiva, Ostergard Rensen Consultores fue creada el 26 de marzo de 2019 y se protocolizó el 2 de abril, con un capital de 4 mil pesos. Dos meses después, la Conade le adjudicó de manera directa un contrato por 1.4 mdp por el servicio de “consultoría legal, civil y migratoria”.

Los socios de Ostergard son Jesús Eberth Alonso Ruelas, Rubén Martínez Vega, David González Freyre, y María de Lourdes Karime Balut Escartín, ésta última fue asistente de Ana Gabriela Guevara cuando fue senadora. La exatleta fue legisladora en la Cámara alta entre 2012 y 2018 por el Partido del Trabajo.

Además de su actividad empresarial, Karime Balut es actualmente integrante del equipo ejecutivo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se desempeña dentro del área de Comunicación Corporativa. Bartlett coordinó el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado cuando Guevara trabajaba ahí.

Consultada sobre su participación accionaria en la compañía Ostergard, Karime Balut Escartín respondió:

─ Yo no soy accionista de ninguna empresa.

Se le preguntó si podría tratarse de una persona con nombre homónimo, pero solo indicó que más tarde se comunicaría, “porque estamos por entrar a una reunión”. Sin embargo, su socio y director de la consultora, Jesús Eberth Alonso, confirmó que la exasistente de Guevara forma parte de la empresa Ostergard que vende servicios a la Conade, aunque descartó un posible conflicto de interés.

─ Yo conozco a Karime porque (…) me he dedicado también al derecho migratorio, y (…)  ella estaba en la comisión de Asuntos Migratorios (del Senado, que presidía Ana Gabriela Guevara), e intercambiando puntos de vista hicimos una amistad, y entonces ella ni siquiera entró a trabajar a la Conade. No tenemos una comunicación muy fluida, pero hasta donde yo me quedé, iba a entrar a trabajar a CFE. Entonces el tema no es que estuviese trabajando en la Conade y que me pudiera ayudar de alguna forma.

Karime Balut trabajó al menos desde 2014 en el staff parlamentario de Ana Gabriela Guevara, de acuerdo con fuentes consultadas, y Quinto Elemento Lab cuenta con copias de los contratos por honorarios firmados por la hoy socia de Ostergard con el Senado de la República, con fechas de febrero de 2016 y de diciembre de 2017.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Artículo 50) establece que las dependencias deberán abstenerse de contratar a terceros con los que tenga o haya tenido “relaciones profesionales, laborales o de negocios (…) durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación”.

En su escritura pública, Ostergard consigna como propósito social actividades tan variadas que van desde la operación de “bares y salones de baile” hasta la “asesoría en licitaciones y subastas de cualquier tipo y materia para todo”.

Aunque se creó legalmente en marzo del año pasado, la fundación de esta consultora se cocinó desde el mes posterior al triunfo electoral de la actual coalición gobernante. Eberth Alonso relató que en agosto de 2018, un contacto que actualmente trabaja en la Secretaría de la Función Pública, le habló de la oportunidad de contratos con la futura Administración.

─ Me dijo: Oye Eberth, deberías de meterte y concursar, porque lo que quiere ahora el nuevo gobierno es (…) poder darle la oportunidad a despachos nuevos. Me pareció interesante la idea, y le dije: es que yo estoy constituido como persona física con actividad empresarial. Bueno, pues puedes constituir una empresa, pero con un par de socios para que no nada más sea como, eh… no engañar, sino darle un revestimiento jurídico para poder competir con despachos de más experiencia.

Ana Gabriela Guevara asume titularidad de Conade

La directora de la Conade y exsenadora tiene como una proveedora a una exasistente que trabajó con Ana Guevara en la Cámara alta (Fotografía AFP/Archivo)

Borgelund Consultores México fue fundada con 2 mil pesos el 2 de abril de 2019. El objeto social de esta empresa es exactamente el mismo que el de la consultora Ostergard, casi palabra por palabra y coma por coma, aunque ambas compañías tienen socios diferentes.

El 1 de junio, la Conade pactó con Borgelund un contrato por asesoría legal laboral por 1.8 mdp, bajo “adjudicación directa federal”, según consta en el expediente 1921714 de Compranet, aunque su administrador aseguró que el contrato se obtuvo vía licitación.

─ Soy abogado con 19 años de actividad. He sido contratista de gobierno, fundé la empresa porque ya no se puede concursar como persona física. El contrato fue por licitación (…) Antes se hacían adjudicaciones directas, pero ya no, dijo Armando Reyes Sánchez, administrador de la compañía.

Cuando se le preguntó sobre la identidad de los miembros de su sociedad comercial que vienen identificados en el acta constitutiva, Reyes Sánchez inicialmente dijo desconocer al comisario de su consejo, Ignacio Manuel Navarrete García, aunque después reconoció que “sí lo he visto, pero no está aquí, nos lo asignaron en la notaría”.

Cuestionado al respecto, el notario número 116 Ignacio Morales Lechuga, ante quien se protocolizó Borgelund, negó que las notarías hagan esos nombramientos: “La determinación del comisario es la que indica el solicitante. No tenemos ningún interés en designar administradores, apoderados o comisarios, sino los que los clientes nos dicen”.

A Reyes Sánchez también se le preguntó si conocía a Carmen Sánchez López, otra socia que aparece en el acta de Borgelund.

─ ¡Claro que la conozco! ¿Cómo no voy a conocer a mis socios? Es una señora que creo que es pensionada de la UNAM, respondió.

Desde el 3 de diciembre de 2019, Quinto Elemento Lab solicitó una entrevista con la titular de Conade para conocer detalles acerca de las contrataciones de estas dos consultoras, pero no hubo respuesta.

Además de Ostergard y Borgelund, hay otras empresas de reciente creación que han sido favorecidas con contratos por parte de la Conade. La firma IPM Investigación Estratégica Social, creada el 7 de enero de 2019 por Porfirio Cruz Vázquez, exdirector general de Opinión Pública de la Presidencia de la República bajo la gestión de Enrique Peña Nieto, obtuvo dos contratos adjudicados por la Conade relacionados con la campaña del Premio Nacional de Deporte 2019, que suman medio millón de pesos.

Uniformes de la Guardia Nacional, ligados a Panamá
La creación de la Guardia Nacional fue expedita: en noviembre de 2018 el grupo parlamentario de Morena presentó la iniciativa para crear el nuevo cuerpo de seguridad, y para febrero de 2019, el Poder Legislativo ya había aprobado su creación.

Casi con la misma rapidez, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) celebró contratos con empresas de reciente creación para dotar a la nueva Guardia Nacional de ropa y protección.

De la veintena de contratos que otorgó durante el primer año de gobierno la Sedena entre compañías creadas en los últimos meses, destacan tres que fueron ganados por la empresa Hollond Solutions Textile, una firma que tiene raíces en Panamá y que obtuvo contratos para fabricar la ropa de la nueva Guardia Nacional así como para la adquisición de chalecos antibalas.

Hollond fue montada en México el 10 de enero de 2019 por la fima Agorta, una off-shore creada en Panamá. Ganó su primer contrato en junio, y luego siguió otro en octubre y uno más en noviembre, para surtir telas y entretelas así como de chalecos antibalas, por un valor total de casi 8.5 millones de pesos.

El acta constitutiva 99007 registrada en la Notaría 227, radicada en Tlalpan, consigna que Hollond tiene como accionista principal a Agorta S.A., con 99% de la participación.

En el Registro Público de Panamá, Quinto Elemento Lab obtuvo una copia del acta constitutiva de Agorta S.A. (N° 14513, del 14 de agosto de 2012),  y descubrió que fue formada por accionistas que, según directorios financieros de Panamá, están asociados a miles de corporativos.

Los fundadores de Agorta fueron Luis Alberto Rodríguez, quien figura en los consejos de administración de más de 14 mil empresas; Hermes Oriel Vargas, socio en más de 1,200 compañías; y Bárbara de Rodríguez, perteneciente a casi seis mil corporativos

El método se asemeja a un esquema típico en paraísos fiscales, donde despachos especializados prestan sus propios directorios para figurar como consejeros de empresas que ocultan a sus verdaderos propietarios.

De hecho, Luis Alberto Rodríguez representaba a Arias, Fábrega y Fábrega (ARIFA), uno los despachos panameños especializados en el montaje de corporativos de papel, y el nombre de Rodríguez salió a relucir en 2016 en el escándalo de los “Panama Papers”, cuando se descubrió que ERESA, una de las compañías que presidía, la cual recibía transferencias por contratos del gobierno de Valencia, España, pertenecía en realidad a un magnate ibérico del sector de servicios clínicos llamado Vicente Saus.

Según los legajos, justo en 2016 el consejo de Agorta S.A. fue sustituido: Arcenio A. Barrios S. quedó como presidente, quien es socio de más de mil compañías; E. Castañeda como secretaria, con récord similar; y Ana María Burnes C. como tesorera, quien es accionista de 600 firmas, de acuerdo con los directorios financieros panameños.

La representante legal de Hollond en México es Teresa Miriam González Hurtado, quien no respondió a las solicitudes de entrevista. El único rastro público relacionado con ese nombre coincide con el de una exasesora de alto nivel de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

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