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México y Costa Rica: el costo de fabricar respiradores

Ambos países participan activamente en la cadena global para producir ventiladores; durante la epidemia del Covid-19 sus trabajadores han quedado expuestos y sus gobiernos han tenido que buscar cómo comprar más aparatos que salven a los pacientes.

por: Centinela Covid-19 Y cji

Fotografía: JORGE DUEÑES / ZETA

09 de junio 2020

Cuando se supo la noticia de que el coronavirus había llegado al estado de Baja California, una inspectora de calidad que trabajaba en una fábrica de Smiths Medical que produce respiradores artificiales tenía temor de ir a trabajar todos los días.

La fábrica, dijo, no proporcionaba ningún equipo de protección personal.

“Era pésimo, no me sentía segura. No te daban nada, ni siquiera para cubrirte las manos”, le contó a reporteros de Columbia Journalism Investigations (CJI), quienes junto con la alianza periodística Centinela Covid-19 y la Televisión Pública de Costa Rica (Canal 13), produjeron esta investigación.

Los trabajadores trataron de organizar una huelga, pero sus supervisores les advirtieron que serían despedidos si tomaban medidas. La inspectora, que prefirió permanecer anónima en este reportaje, renunció a su trabajo cuando se enteró de las primeras muertes de Covid-19 en la fábrica.

CJI intentó múltiples veces conocer la versión de la empresa, pero no recibió respuesta.

Días después, esa misma instalación fue cerrada por el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, porque Smiths Medical se había negado a vender respiradores a Baja California.

Aunque México es un operador relevante en la compleja cadena mundial de suministro de respiradores mecánicos, en medio de la epidemia el país enfrenta una encrucijada que le obliga a exportar prácticamente todos los respiradores que produce mientras que su gobierno tiene que salir al mercado internacional a comprar los aparatos que necesita, y sus procesos de adquisición han estado empañados por irregularidades, denuncias de favoritismo y sobreprecios.

Esta cadena de suministro es muy compleja. Por ejemplo: el respirador Puritan Bennett 980 de Medtronic consta de más de 1,500 piezas, procedentes de 100 empresas ubicadas en 14 países, según explicó un portavoz de la empresa.

La industria está concentrada en menos de una docena de empresas. Tres de esas compañías (las estadounidenses Vyaire Medical y Medtronic, y la holandesa Philips) representan más del 70% de la cuota de mercado mundial de respiradores, según un reciente informe de IbisWorld.

De estas grandes empresas, Vyaire Medical, tiene una fábrica de respiradores en Mexicali. En suelo bajacaliforniano, además de las mencionadas Vyaire y Smiths Medical, también está Hillrom en Tijuana.

El programa gubernamental IMMEX en México ofrece incentivos fiscales a las empresas multinacionales que monten sus fábricas en las zonas fronterizas. Las empresas también localizan allí sus industrias porque el costo laboral es más bajo.

Para mantener los beneficios tributarios, las empresas están obligadas a exportar el 100% de sus productos, de lo contrario deben pagar aranceles sobre los materiales importados que usaron para producir los respiradores. Cambiar una licencia de exportación puede llevar entre dos semanas y dos meses.

Carlos Higuera, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, dijo al México News Daily que sería ilegal que Smiths Medical vendiera sus productos a Baja California debido a la inscripción de la compañía en IMMEX.

“El estatus legal de las empresas les obliga a vender todo lo que producen en el extranjero”, dijo Higuera al periódico.

Después de llegar a un acuerdo con el gobierno de Baja California, la fábrica de Smiths Medical reabrió el 13 de abril. La empresa aceptó donar cinco respiradores al estado, junto con 1,200 tubos respiratorios y otros suministros hospitalarios, según un tuit de la Secretaría de Salud de Baja California.

El costo de mantener el suministro
En las ciudades manufactureras a lo largo de la frontera, se han registrado algunas de las tasas de infección más altas de México. La Secretaría de Salud de Baja California reportó 6,089 casos positivos al 7 de junio. Es el tercer estado con más contagios, solo en Tijuana hay más de 2,300 casos confirmados y en Mexicali más de 3,000.

De total de defunciones en el país, Baja California representa el 9.3% (1,257 fallecidos hasta el 7 de junio). Tijuana ha sufrido hasta ahora 643 muertes por la epidemia y Mexicali casi 500.

Hasta el 16 de mayo, 432 de las personas contagiadas fallecidas en el estado eran trabajadores de las maquilas, según informó el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico. También dijo que de estos pacientes, 303 habían estado hospitalizados.

Aún con los problemas graves de contagio, las maquiladoras de respiradores, sus componentes y otros insumos médicos vitales para atender la pandemia no podían parar. El coronavirus ha golpeado la cadena de suministro en todos los lados y la carga ha recaído desproporcionadamente en los trabajadores que ensamblan los productos durante largas horas con una remuneración no siempre adecuada, con un alto riesgo para su salud y con pocas opciones para organizarse.

El salario mínimo en las maquilas está alrededor de 186.56 pesos por día (unos 8.50 dólares). Hay empresas que además les dan a sus trabajadores bonos de puntualidad y de compensación y vales de despensas, y por lo general, en una jornada de ocho horas, un empleado de maquila puede ganar hasta 275 pesos (12.50 aproximadamente). Esto es, en el mejor de los casos, y sólo descansando un día a la semana, un ingreso mensual de 325 dólares.

Según conversaciones con empresas maquiladoras, estas dicen estar luchando por evitar la propagación de Covid-19 dentro de sus propias instalaciones, incluso cuando el aumento de la demanda obliga a las fábricas a contratar trabajadores adicionales. Varias empresas han estado anunciando puestos de trabajo en Facebook.

Algunos trabajadores han sido enviados a casa con paga, pero incluso en esos casos, están recibiendo menos y ahora están buscando un segundo empleo, según Gladys Cisneros, la directora en México del Centro de Solidaridad, un grupo de defensa de los trabajadores con sede en Estados Unidos. Dijo que la pandemia ha expuesto vulnerabilidades que ya existían en la infraestructura laboral de México.

El Centro de Solidaridad ha recibido hasta ahora 700 quejas sobre violaciones a la salud y la seguridad de los trabajadores en todo el país. Cisneros cree que estas denuncias pueden aumentar a medida que más personas regresen al trabajo, a partir de este mes de junio.

Cisneros dijo que el nuevo Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá, que entrará en vigor el 1 de julio, proporciona mecanismos para abordar cuestiones sistémicas, pero no está diseñado para violaciones de salud y seguridad, y no permite a los trabajadores presentar casos contra los empleadores.

El caso de Costa Rica
El otro gran contribuyente latinoamericano de la cadena mundial de suministros de respiradores es Costa Rica, que a febrero de este año exportó 632 millones de dólares en equipos de precisión y médicos. El país centroamericano no ensambla respiradores como las maquilas mexicanas, pero sus zonas francas sí producen varios de los componentes fundamentales de estos aparatos médicos, como conectores, sensores de CO2 y switches.

A diferencia de México, los trabajadores costarricenses reciben mejores salarios y siguen protocolos de bioseguridad para evitar el contagio. Pero tampoco han parado de trabajar, ampliando su personal y doblando turnos, para alimentar la voraz y competida demanda internacional.

Carlos Wong, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras) reconoció que sí han tenido contagios de Covid-19 en estos parques, aunque no precisó la cantidad. Ninguna empresa ha suspendido hasta ahora sus operaciones por contagios.

Cuando la empresa detecta un caso, dijo Wong, activa el protocolo del Ministerio de Salud y envía a la persona contagiada a una cuarentena de un mínimo de 14 días, así como a las personas con las que haya tenido contacto dentro del área de producción del afectado.

Wong detalló que otras medidas aplicadas para evitar la propagación del virus son la desinfección diaria de los autobuses donde viajan los empleados, el control de temperatura antes de ingresar a la fábrica, el distanciamiento social dentro de las empresas y la ampliación de los turnos de trabajo, así como de las instalaciones de las fábricas.

Además, el esfuerzo de los trabajadores por abastecer al mundo en este momento crítico está bien remunerado. Los empleados de zonas francas en Costa Rica tienen salarios ligeramente más altos –en promedio unos 1,554 mensuales –en comparación con trabajadores en empleos similares fuera de ese esquema.

Costa Rica exporta componentes para respiradores que son ensamblados en otros países, desde fábricas en las zonas francas del país, que también tienen un tratamiento impositivo favorable, siempre y cuando cumplan con un plan de inversión, generación de empleo y valor agregado.

Todas las empresas que producen estos materiales han aumentado su capacidad para responder a la urgente demanda mundial. La planta de la estadounidense Samtec, que diseña componentes para respiradores y opera desde hace 14 años, anunció que contratará 150 colaboradores más que se sumen a los 1,010 que actualmente tiene.

Exportadores, pero también compradores
Aunque México y Costa Rica poseen plantas que manufacturan respiradores o partes de ventiladoras para abastecer el mercado mundial, los gobiernos de ambos han tenido que salir, como todos los demás, a competir para comprar los respiradores que se prevén necesarios para atender el pico de pacientes graves con Covid-19. México estimó que necesitaba tener al menos unos 13 mil respiradores para hacer frente a la demanda de los pacientes.

Algunas de las compras que ha realizado México en los últimos dos meses han sido objeto de controversia: el Instituto Mexicano del Seguro Social canceló una compra de 20 respiradores a una empresa propiedad del hijo del político Manuel Bartlett, por unos 66,000 dólares cada uno, y el portal periodístico MCCI, que denunció el caso, calculó un sobreprecio de 85% frente al mercado.

El gobierno también echó para atrás un contrato por 93 millones de dólares con la empresa Levanting Global Servicios, cuyo accionista fue acusado de fraude en Estados Unidos y de crear empresas fantasma en México. La empresa Bidcom Energy, de los sobrinos de Arturo Quintanilla, muy cercano a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, resultó favorecida con un contrato por 4.2 millones de dólares, y la Secretaría del Defensa contrató a la empresa Soluciones Integrales en Gestión de Riesgo de Desastre para la compra de 600 ventiladores marca Hamilton, por el equivalente a 37,300 dólares, y 730 ventiladores modelo Shangrila, de la marca Aeon Medics, por unos 39,600 dólares. También el portal MCCI denunció posibles vínculos de la empresa intermediaria con la política.

Con base en los documentos públicos que ambos países han mostrado respecto a la compra de respiradores, se puede calcular que los mexicanos están pagando en promedio 46,000 dólares por respirador, una suma similar a la que pagó Paraguay por respiradores comprados en esta época de pandemia (ver reportaje de El Surtidor, otro socio de Centinela), pero bastante mayor que los adquiridos por Costa Rica, que oscilaron entre 28,000 y 37,000 dólares. Estas comparaciones se hacen con cautela, pues la gama de respiradores es amplia y sus precios varían según los volúmenes, accesorios y condiciones en que se compren.

“México no se preparó; nos agarró con los dedos en la puerta porque precisamente estamos haciendo compras de pánico para equipar al Sector Salud”, dijo Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

Ni los viejos acuerdos comerciales, y a decir de Gladys Cisneros, tampoco los nuevos, contemplaron una situación así de paradójica: México gran exportador de respiradores, cuyos trabajadores están pagando incluso con sus vidas, para mantener la cadena de suministro mundial, no puede quedarse con los aparatos hechos con tanto sacrificio y tiene que salir al competido mercado internacional a hacerse como pueda de respiradores para atender la pandemia en su propio país.

Sin importar el costo, los arreglos comerciales priman y continúa la presión para que el país aproveche este momento para impulsar la condición de México como uno de los principales actores en el comercio mundial.

“Es posible y esencial cuidar la salud de los trabajadores sin destruir esas cadenas”, tuiteó Christopher Landau, embajador de los Estados Unidos en México, provocando críticas de que estaba dando prioridad a la economía por encima de los trabajadores.

“Hay riesgo en todas partes, pero no todos nos quedamos en casa por miedo a estrellar el coche. La destrucción económica también amenaza la salud”, escribió en un tuit de seguimiento.

A mediados de abril, la Asociación Nacional de Fabricantes de Estados Unidos, que representa a 11,000 miembros, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, pidiéndole que aclarara cuáles eran negocios “esenciales”, para proteger a los trabajadores, así como a las cadenas de suministro. El cierre de la manufactura podría debilitar la respuesta a la pandemia, según la carta, porque podría significar operaciones de cierre que “sirvan de columna vertebral a la infraestructura crítica en todo nuestro continente”.

Para Luis de la Calle, exsubsecretario de Economía de México, la crisis puede servir como un impulso que podría cambiar la industria mexicana de exportación en los próximos años.

“Cada maquiladora que fabrica dispositivos médicos en México debería centrarse en la expansión de sus operaciones y en la venta de los productos”, dijo de la Calle. “Esta es una oportunidad. Si México se muestra como un productor confiable, la inversión podría ser enorme”.

Quizás no lo vería con los mismos ojos la inspectora de calidad de Smiths Medical que dejó su trabajo asustada por el creciente contagio en su fábrica y en la de otras maquiladoras.

 

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Autores: Javier Quintero de Quinto Elemento Lab; Bianca Fortis, Michela Moscufo, Alixel Cabrera y Grace Ren de Columbia Journalism Investigates; Mercedes Agüero R de Televisión Pública Costa Rica (Canal 13). Contribuyeron también Anderson Chen, Joaquim Salles, Will Walkey y Vusala Alibayli. Edición: CLIP.

Centinela Covid-19 es un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre la respuesta al Covid-19 en América Latina, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Chequeado (Argentina), El Deber (Bolivia), Agência Pública (Brasil), El Espectador y La Liga contra el Silencio (Colombia), La Voz de Guanacaste (Costa Rica), Ciper (Chile), GK (Ecuador), El Faro (El Salvador), No Ficción (Guatemala), Quinto Elemento Lab (México), El Surtidor (Paraguay), IDL-Reporteros (Perú) y Univision Noticias (Estados Unidos), con el apoyo de Oxfam y el Pulitzer Center on Crisis.

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