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La investigación y el espionaje ilegal de la PGR contra Marcela Turati es un ataque a la libertad de expresión y un atentado contra el periodismo

Por Marcela turati / The washington post

NOTICIA

25 de noviembre de 2021

Este material fue publicado originalmente en The Washington Post, puede leer el artículo completo aquí.

En 2011 fui asignada por la revista Proceso para cubrir el hallazgo de las fosas clandestinas que se hallaron en San Fernando, en el estado mexicano de Tamaulipas: en ese momento vi 145 cuerpos embolsados que eran subidos a un tráiler. Cientos de familias hacían filas para preguntar si entre ellos estaban sus familiares desaparecidos.

Una señora que supo que yo era periodista se acercó enfurecida y me gritó: “¿Eres periodista? ¿Ya para qué vienes? Durante muchos meses estuvimos diciendo que en esas carreteras desaparecen personas pero nadie nos hizo caso. Parecía que hablábamos desde abajo del mar”.

Por mucho tiempo pensé que en San Fernando no había periodistas; después descubrí que sí había, pero que todos estaban silenciados. La masacre de los 72 migrantes ocurrió en 2010, los secuestros de viajeros en las carreteras ocurrieron durante varios meses y se descubrieron hasta abril de 2011. Las víctimas enterradas en fosas son más de 193.

Reporteando ese tema conocí a personas de México y América Central, como la salvadoreña Bertila Parada, quien luchó durante años por recuperar el cadáver de su hijo Charly, que había sido “extraviado” por las autoridades mexicanas. O Don Baudilio Castillo, quien desde un cantón de Guatemala investigó cómo recuperar a su hijo Baudilio, asesinado por el grupo criminal Los Zetas. Lo obtuvo gracias a que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) firmó un convenio con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para crear una Comisión Forense que diera identidad a los cuerpos sin nombre de varias masacres.

Cada vez que entrevisto familiares de víctimas de esos brutales hechos me sorprendo porque siempre les escucho decir: “Quiero saber la verdad”. Entendí con ellos que ver los expedientes judiciales es doloroso —la mayoría de los cuerpos tienen el cráneo destrozado a golpes—, pero necesario. Que tienen que preparar el corazón para leer esas atrocidades porque el impacto puede ser mortal, pero que conocer la verdad para luchar por la justicia es lo que le prometieron a sus hijos.

Desde 2014 me organicé con otros periodistas para investigar lo ocurrido en San Fernando y creamos el proyecto #Másde72. No únicamente queríamos saber qué pasó, sino cómo fue posible y quiénes lo posibilitaron.

Estas investigaciones nos condujeron muchas veces a la subprocuraduría que investiga la delincuencia organizada dentro de la PGR y a su unidad de servicios periciales, donde los cuerpos no identificados, exhumados de aquellas fosas, quedan secuestrados pues el afán de las autoridades no parece ser devolverles la identidad y regresarlos a quienes les lloran todos los días, como ha demostrado la Comisión Forense. Lo descubrí también al saber que uno de los cuerpos que terminaron en una fosa común tenía en el bolsillo del pantalón su identificación, pero nadie llamó a su familia.

Cada vez que escribo sobre San Fernando me enfrento a un dilema: qué borrar y qué publicar de los testimonios que tengo. Tengo mis libretas tachadas pues cuando tomo testimonios mucha gente me dice: “Mejor quite mi nombre porque me matan”, “no publique ahora, porque si quienes tienen a mi familiar se dan cuenta, lo torturan y lo matan”. La impunidad ha hecho que los relatos tengan que ser fragmentados. Cada nota es como caminar en un campo minado.

En los proyectos que hemos realizado sobre desapariciones de personas, los periodistas constatamos que en este país lo que importa a muchas autoridades es retirar los cadáveres de la vía pública y enterrarlos. Nos queda claro que al desenterrarlos —desde el periodismo, las ciencias forenses o la defensa de los derechos humanos— además de estar ayudando a una familia a recuperar a su ser amado, estamos exhumando también una evidencia, el cuerpo del delito, las complicidades que permitieron esas muertes, las huellas dactilares de quienes no querían que esos cuerpos volvieran a casa.

Desde el momento en que la antropóloga Mercedes Doretti, cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense; la abogada Ana Lorena Delgadillo, representante de las víctimas de esas masacres desde la Fundación para la Justicia; y yo, reportera que cubre esos casos, nos enteramos de que en 2015 y 2016 fuimos investigadas por secuestro y delincuencia organizada por la PGR, no me quedó la duda de que desde la oficina donde nos inventaron esa acusación tienen miedo a que esos huesos hablen. De que sus familias se den cuenta, que tomen la palabra, que quieran organizarse, que exijan justicia.

Entendí que, por eso, en vez de investigar, entierran.

Esa fue la razón por la cual usaron el aparato de Estado para pedir con carácter de “extraurgente” nuestras llamadas y mensajes telefónicos, nuestros datos personales, nuestros movimientos, ubicaciones, escritos e interacciones. Esos recursos no los usan cuando alguien desaparece pues tardan meses, si no es que años, en hacer diligencias o en pedir las listas —conocidas como sábanas— de llamadas de las personas reportadas como desaparecidas, información que hubiera ayudado a ubicarlas de inmediato. Como sí nos ubicaron a nosotras.

Este espionaje posiblemente abarcó las actividades que Mercedes Doretti y yo hacíamos cuando investigábamos el montaje que la PGR hizo sobre el Caso Ayotzinapa. Ya quedó en evidencia cuando se hizo público que a muchos periodistas y defensores que dudábamos de la “verdad histórica” fabricada por la PGR, nos espiaron (o intentaron hacerlo) con el malware Pegasus.

Incluir a una periodista en una trama criminal para espiar sus comunicaciones, contactos y movimientos es un golpe al corazón del periodismo de investigación. Es dejar claro un mensaje: que —como dice el periodista John Gibler— en México es más peligroso investigar un crimen que cometerlo.

La averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIMS/197/2011, que contiene la investigación de las masacres de migrantes y viajeros mexicanos y centroamericanos, pero que se usó para investigarnos a nosotras, es un intento del gobierno de poner un ultimátum a la defensa de los derechos humanos, la ciencia independiente y el periodismo que opta por las víctimas.

Es un acto de censura. Es un acoso judicial. Es una invasión a la privacidad. Es un ataque a la libertad de expresión. Es un atentado contra el periodismo. Es una amenaza contra las libertades. Es una guillotina preparada. Es una advertencia para que, quienes quieran desenterrar la verdad, sepan lo que les puede pasar.

Siempre he pensado que cierto periodismo de investigación en este país hace las veces de comisión de la verdad en tiempo real. Una verdad imperfecta y fragmentada todavía para mucha gente, quienes piden que borremos sus nombres porque aún no es momento de hablar. Porque sabemos que hablar, investigar o publicar cuesta la vida, y porque siguen intactos muchos pactos de impunidad.

Denuncié públicamente estos hechos porque tengo la certeza de que donde el periodismo no tiene permiso de existir, la gente sigue hablando desde abajo del mar, donde nadie la escucha. Porque en las zonas de silencio las personas están siendo desaparecidas, obligadas a desplazarse o tienen que buscar a sus familiares en fosas, como en San Fernando. Porque tengo la convicción de que la defensa del periodismo y de la verdad es una lucha por la vida. Y para que estos hechos se investiguen, se sancionen y nunca se repitan.

Este material fue publicado originalmente en The Washington Post, puede leer el artículo completo aquí.

(Fotografía: Mónica González / El País)

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