En Ciudad de México, ya no hace falta una sentencia judicial para vaciar una vivienda. Desde 2016, la fiscalía ambiental ganó potestad para investigar las denuncias por despojo de inmuebles y usó ese poder para definir antiguos conflictos de vivienda, al expulsar a los vecinos sin permitirles defenderse y entregar sus casas al capital inmobiliario, sin intervención de un juez