Contrata el INAH a managers de artistas y despachos fiscales para la restauración

La magnitud de los sismos de septiembre de 2017 fue demasiada para los más de 2 mil 340 inmuebles históricos y arqueológicos que resultaron dañados en 11 estados del país. No resistieron.

Tampoco los funcionarios y las autoridades encargadas de su cuidado y conservación. La dimensión de la emergencia provocada por los terremotos, tanto daño, tanto derrumbe, tanto destrozo, tanta presión para responder pronta y adecuadamente, los sepultó.

Una vez que la tierra dejó de moverse y comenzó a hacerse un censo de la destrucción, las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cayeron en cuenta de que faltaban cientos de especialistas y expertos en restauración de inmuebles construidos desde el siglo XVI, de que la estructura oficial era notoriamente insuficiente y de que restaurar los monumentos dañados tomaría mucho tiempo.

Así que los esfuerzos para recuperar el patrimonio arquitectónico histórico de México se toparían con una realidad casi insuperable: tan pocas personas y empresas no podrían hacer frente a la emergencia.

Las autoridades de la Secretaría de Cultura y del INAH hicieron entonces un registro de empresas dedicadas a la restauración de inmuebles en todo México.

Encontraron que las interesadas eran pocas: apenas 400. Muy pocas si se toma en cuenta que, según datos oficiales, existen 5 millones de empresas en el país y de ellas 27 mil se encuentran en la industria de la construcción.

No sólo eso. “De esas, 20 por ciento están muy consolidadas, pero el 80 por ciento eran pequeñas y medianas empresas con (sólo) un restaurador, un arquitecto que tenía experiencia en restauración”, explica en entrevista Arturo Balandrano, ex titular de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH y hoy director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura.

Esa es una de las principales razones pero no la única, según las autoridades, de que la recuperación del patrimonio no haya avanzado con más rapidez: “Tenemos un mercado de especialistas en materia de restauración muy limitado en México”. Demasiada obra, demasiado compleja, argumentaron entonces.

Y tampoco se trataba, según la versión oficial, de improvisar y colocar en riesgo inmuebles de alto valor arquitectónico, arqueológico e histórico para México.

Así que la lentitud en la restauración podría explicarse, además, por el alto número de edificios afectados, por la magnitud de los daños y, sobre todo, porque debían elegir con cuidado a las empresas que se contratarían.

“No estamos haciendo casas ni tampoco estamos haciendo escuelas”, argumentó el arquitecto Salvador Camarena Rosales, coordinador operativo de la Oficina Sismos del INAH –creada exclusivamente para coordinar labores de restauración.

Ya habían pasado dos años y Camarena Rosales, como otros funcionarios del INAH, participaba en el seminario “Sismos y Patrimonio Cultural: Balance de su restauración”, realizado el 17 de septiembre de 2019 en el auditorio de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía.

A la hora de abordar los desafíos del INAH, entre ellos el lento avance de las obras, Camarena Rosales enfatizó entonces que la falta de empresas especializadas era un problema. “¿Metemos banqueteros (compañías que hacen banquetas)?”, preguntó.

Él mismo contestó: “Pues no”.

El tema de las empresas, dijo el también director de apoyo técnico de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, “es un punto muy delicado porque la honorabilidad del Instituto podía ser vulnerada a partir de que el INAH fuera el que determinara qué constructoras o qué agentes iban intervenir”.

Y por eso, señaló ante los asistentes, se diseñó un Protocolo de Atención para Muebles e Inmuebles Afectados por los Sismos de 2017, mismo que establecía que el INAH tenía dos funciones: por una parte, validar que la empresa o persona elegida tuviera un currículum “lo suficientemente sólido para hacer la intervención” y, por la otra, darle el visto bueno.

Camarena remarcó entonces: “El instituto estaba comprometido a que la restauración se hiciera de una manera correcta”.

El equipo que realizó esta investigación periodística encontró que el INAH autorizó a un enorme número de firmas que carecían de experiencia en la materia a que realizaran la restauración de inmuebles históricos y arquitectónicos.

Muchas de ellas se dedicaban a la construcción, pero su especialidad era la edificación de casas y oficinas, perforación de pozos, proyectos de ingeniería civil o pavimentación asfáltica de calles, e incluso la venta de materiales de construcción, por ejemplo.

El INAH también entregó la responsabilidad de realizar restauraciones a despachos de consultoría contable y fiscal, a empresas dedicadas a comprar, vender y dar mantenimiento a maquinaria agrícola, o a aquellas que se especializan en ayudar a la obtención de créditos ganaderos.

Aunque la lista es muy amplia (consultar tabla anexa), también alcanzaron contratos compañías dedicadas a comprar y vender autos, o a manejar residuos domésticos e industriales, así como a especialistas en aplicación de productos antiflama o retardantes de fuego.

El problema con todas estas empresas improvisadas en restauración, dicen los expertos consultados, es que desconocen cómo hacer unas labores tan especializadas.

Los conventos, iglesias, capillas y edificios civiles que datan de 1529 a 1699 no tienen acero, cemento ni una cimentación como los inmuebles que enseñan a construir en las escuelas donde se forman arquitectos contemporáneos.

“Se necesitan conocer técnicas y los materiales de construcciones antiguas para que el trabajo no dañe o altere los valores históricos y artísticos de estos inmuebles”, asegura Fernando Peña Mondragón, de la coordinación de Ingeniería Estructural del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

Y aunque en su intervención en el seminario de septiembre de 2019, Camarena Rosales inicialmente había expresado su rechazo a la contratación de empresas improvisadas, unos minutos después el funcionario empezó a justificar lo que el INAH había ordenado hacer.

“El sismo nos llevó a entender que teníamos que acompañar a las empresas que no tenían tanta experiencia y que estaban en disposición de hacer el trabajo. En muchos casos les planteamos: ‘Aunque seas banquetero, entra a hacer el trabajo, pero contrata a un arquitecto restaurador, contrata a una restauradora de bienes muebles’. Con esa condición se les daba trabajo”.

Esa política oficial tendría consecuencias.

Morelos, junto con Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México, es uno de los estados con mayor riqueza de inmuebles históricos y zonas arqueológicas, entre las que se cuentan más de una decena que son Patrimonio de la Humanidad. Su cercanía con el epicentro del sismo del 19 de septiembre de 2017 fue casi letal para el patrimonio en el estado: de los 259 inmuebles afectados, 122 (casi la mitad) resultaron con daños severos.

Había que actuar a la brevedad para apuntalarlos y evitar su desplome. El INAH convocó a las empresas que quisieran “cooperar” para hacer frente al desastre. Alrededor de 30 empresas atendieron el llamado; menos de la mitad de Morelos y el resto de la Ciudad de México.

La mayoría de las empresas de la entidad no tenían experiencia en intervenir inmuebles de los siglos XVI al XIX, así que las autoridades del INAH tomaron una determinación.

“Se decidió que a las empresas sin experiencia les daríamos los inmuebles con daños menores y para las especializadas los que presentan daños moderados y severos”, precisó Camarena Rosas, hoy encargado de la Dirección de Estudios y Proyectos de la Coordinación Nacional de Obras del INAH, durante la mesa en donde se realizó un balance sobre el proceso de restauración.

Eso no fue así: las dos empresas que recibieron mayor número de contratos para atender inmuebles con daños severos, ambas propiedad de miembros de una familia de apellidos Torres Campos, no tenían experiencia especializada, de acuerdo con la base de datos sobre contratos y empresas elaborada por las autoras para esta investigación a partir de respuestas a solicitudes de acceso a la información.

A Socsa Constructora de Pavimentos, Pisos y Agregados SA –de la cual Javier Torres Campos es gerente–, el INAH y el gobierno estatal le han otorgado por lo menos 56 obras en capillas, templos, museos, estación de ferrocarril, conventos y un palacio municipal. Se trata del mayor número de contratos en Morelos.

Fundada en 1999, Socsa se dedica a toda clase de obras civiles, incluidas las mencionadas en su razón social, pero sin nada que ver con lo requerido por el INAH. De hecho, intervino 22 inmuebles del siglo XVI al XIX con daño severo e igual número con daño moderado.

La segunda empresa es Torreza Construcciones, a la que se le otorgaron 21 obras en total, 13 de las cuales presentaban destrozos severos.

Aunque opera desde hace tres décadas, siempre se ha dedicado a construir carreteras, calles, puentes y toda clase de obras civiles, hospitales, oficinas y edificios. Entre los accionistas de esta constructora se encuentra José Cruz Torres Campos, quien fue secretario de Infraestructura, Obras y Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca entre 2016 y 2018.

Entre ambas empresas recibieron 77 contratos en Morelos (22 por ciento del total) y poco más de 254 millones de pesos; es decir, uno de cada seis de los mil 820 millones de pesos canalizados a la restauración en esa entidad fueron para ellas.

Nada mal para un par de empresas que no tenían entre sus objetos sociales el de restaurar inmuebles del patrimonio histórico. De hecho, el monto obtenido por las dos compañías representa más de la mitad de lo que recibió Escoda Técnicas de Arquitectura Monumental –una de las firmas con mayor experiencia en restauración de inmuebles históricos– por la intervención de 35 monumentos en Morelos, varios de éstos considerados como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, perito de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Morelos contratado para supervisar de manera externa los trabajos de restauración, sabe de los riesgos de que empresas como las mencionadas participen.

Para el especialista, Socsa es una empresa que los peritos supervisan casi a diario porque incorpora trabajos desvinculados de los procesos tradicionales de restauración.

Algunas constructoras cumplieron con ese mínimo requisito improvisado, el de contratar a una persona con conocimientos en restauración, aunque los especialistas muestran un escepticismo basado en su experiencia:

“La gran mayoría utilizó como pantalla a muchos especialistas para ganar la licitación de la obra y, una vez que la obtuvieron, los despidieron”, destaca Cuevas Olascoaga.

Pero lo que la revisión exhaustiva de los contratos sí deja en claro es que las autoridades del INAH cometieron otras irregularidades y faltas administrativas en el afán de contratar a cuanta empresa quisiera intervenir en la restauración de los inmuebles dañados.

El artículo 51 de la Ley de Obras Públicas señala que las dependencias y entidades se abstendrán de adjudicar contratos a quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Ese mismo artículo también indica que no es posible otorgar contratos públicos a socios o empresas de las que el servidor público forme o haya formado parte “durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate”.

Este es justamente el caso de la empresa Conservación Fractal, a la que asignaron dos contratos (julio de 2019 y octubre de 2022) por más de 10 millones de pesos (pagados con recursos del Fonden y del INAH) para restaurar el templo y ex convento de San Francisco, en Tepeyaco, Tlaxcala, de acuerdo con datos entregados a través de solicitudes e información disponible en la plataforma Compranet.

Uno de los accionistas de la empresa Conservación Fractal es Luciano Cedillo Álvarez, quien ocupó la dirección general del INAH durante los dos últimos años del sexenio de Vicente Fox.

Cedillo Álvarez combina su faceta empresarial con la de servidor público: es restaurador perito en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, labor por la que recibió, al menos hasta septiembre de 2022, un sueldo mensual bruto de 57 mil pesos, de acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia.

El arqueólogo Rogelio Rivero Chong, quien es director de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, también fue seleccionado para restaurar inmuebles dañados por los sismos de septiembre de 2017.

En sus declaraciones patrimoniales, el arqueólogo Rivero Chong señala que laboró en el sector privado entre el 1 de enero y el 4 de abril de 2018, prestando servicios profesionales como restaurador.

El efecto de los sismos de 2017 se magnificó, de acuerdo con la opinión de varios especialistas, debido a que los inmuebles carecían de un mantenimiento adecuado, por lo que las construcciones no se encontraban en las mejores condiciones cuando se sacudió la Tierra.

Arturo Balandrano, director general de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura, dice en entrevista que hubo un factor adicional: los daños que registraron los inmuebles fueron consecuencia también de restauraciones que se realizaron en el pasado “con poco cuidado”.

Por ejemplo, comenta, en esas intervenciones se utilizaron técnicas constructivas como vigas de acero y concreto en torres y cúpulas. Además, “se sustituyeron cubiertas que eran de teja y madera ligeras por bóvedas de cañón corrido de concreto. Quienes hicieron esas obras tenían la buena fe de reforzar los inmuebles, el resultado en realidad fue adverso”.

—Ahora que se contrataron a tantas empresas que no son especialistas en monumentos históricos, ¿no se corre el riesgo de que se usen materiales que vuelvan a afectar los inmuebles?

—No, no, no… Nos hemos alejado del tema de que el presidente municipal invite a su compadre que tiene una empresa de pavimentos y se le pone en sus manos un inmueble que es patrimonio mundial. Eso es impensable y no se está haciendo de ninguna manera, en ningún caso —responde Balandrano.

• Varias empresas modificaron sus actas constitutivas para incorporar actividades de restauración una vez que ya habían recibido contratos. Algunas de ellas son Inmobiliaria 2RR y Constructora e Inmobiliaria Romase.

• El INAH, además, entregó decenas de contratos a dos empresas sancionadas por falsificar documentos en una licitación pública: MR Infraestructura y Publicidad y Bufete de Ingeniería y Servicios Integrales.

• Y a otra más que el Servicio de Administración Tributaria sumó en 2020 a su lista de empresas con actividades inexistentes. Es decir, se trata de una empresa “fantasma”. Esa compañía es Fortar. El Centro INAH Tlaxcala le asignó la restauración de cinco inmuebles. En uno de ellos, el Templo de Santa Cruz Guadalupe, en Chiautempan, la comunidad asegura que ninguna empresa hizo trabajo alguno. Los propios habitantes rellenaron la grieta que atravesó el muro de la iglesia.

Las grietas que marcaron a miles de bienes inmuebles durante los sismos de 2017 abrieron muchas oportunidades de negocio. Y como ejemplo están las empresas que se crearon después de los sismos y que, sin tener experiencia en la restauración de patrimonio, también obtuvieron contratos. Algunas de ellas son las siguientes:

Fuente: Elaboración propia con información del INAH y del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.

Una densa nube oscureció el zócalo de Cuautla, Morelos, cuando el sismo de 2017 desplomó una de las robustas torres de la Parroquia de Santiago Apóstol. La iglesia forma parte del conjunto conventual de Santo Domingo de Guzmán construido en 1580 en el corazón de Cuautla. Cuenta con una sola nave y una sencilla portada que remata a los lados con dos grandes torres campanario.

Los daños que sufrió fueron catalogados como severos y una de las torres colapsó. Dos años después comenzó su proceso de restauración, pero la torre dañada nunca recuperó su estado original. Quedó “diferente”.

–Le tomaron mal la medida, no le dieron un buen acabado y la dejaron más pequeña que la otra –comenta el historiador Jaime Martínez Rivera, vicepresidente del Consejo del Patrimonio Histórico de Cuautla, un organismo ciudadano que vela por el legado cultural de la ciudad.

La Presidencia Municipal de Jojutla fue catalogada con daño severo y la obra fue entregada a la empresa Edificaciones y Proyectos Ango, dedicada a todo tipo de obras.

Otra empresa de la que casi no se separan los arquitectos peritos es LV Edificación. El trabajo ha sido tan intenso con ellos que los supervisan cada tercer día, aunque tienen obras en Coatlán del Río, Jantetelco y Totolapan.

Cuevas Olascoaga sabe que su tarea es esencial: “No los podemos dejar solos porque avanzan (pero) negativamente”.