En menos de una década, el camino hacia la comunidad de Tomate Río Manso ha sido objeto de cuando menos cuatro contratos millonarios. Pero cuando se le pregunta a los pobladores de este lugar del sur de Veracruz sobre las condiciones de la vía, responden que la mitad del trayecto es de terracería, mientras que la otra mitad es un remedo de asfalto sumamente deteriorado.
Enclavado en la Cuenca del Papaloapan, conocida por sus cañaverales, el cultivo de piña y su producción ganadera, Tomate es una de las 236 localidades rurales del municipio de Playa Vicente.
En agosto de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT) otorgó a Infraestructura en Construcciones un contrato por 4 millones 585 mil 715 pesos para la reparación y el mantenimiento del camino que comunica a la comunidad con la carretera Tuxtepec-Palomares. La obra debía beneficiar a seis localidades, así como a ganaderos y comerciantes de maíz y sandía que toman esta ruta para llegar a Playa Vicente y vender sus productos.
“Es de los caminos más importantes porque es la carretera que nos comunica con los municipios aledaños de Veracruz y Oaxaca”, dice Ramiro Martínez Amezcua, presidente de la Asociación Ganadera Local de Playa Vicente.
Sin embargo, Infraestructura en Construcción no tapó un solo bache porque era una empresa fantasma. Fue calificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) definitiva desde 2018, tras no comprobar su capacidad para cumplir con las actividades que decía realizar. Pero eso no le impidió ganar el contrato para una obra que no realizó.
En esta entrega, Quinto Elemento Lab y AVC Noticias revelan cómo, en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, la SICT contrató indebidamente a una facturera inmovilizada por el SAT. Más allá de las irregularidades y la falta de consecuencias para la empresa, esta investigación también expone cómo su apoderado legal configuró una red de firmas en Veracruz para continuar haciendo tratos con dinero público.
Irregular desde el principio
Simulación de competencia, evaluación dudosa, contratación indebida y débil seguimiento de la obra son las inconsistencias halladas al revisar la licitación que la SICT de Veracruz otorgó a Infraestructura en Construcción.
La cronología documental deja en claro que la secretaría falló tanto al entregar el contrato a la EFOS a pesar de las irregularidades, como al no cancelarlo —incluso cuando la misma empresa lo solicitó—, a pesar del incumplimiento de los trabajos.
La obra consistía en retirar cuatro kilómetros de pavimento, reponer y compactar la base del camino, realizar bacheo profundo y colocar una carpeta asfáltica, además de trabajos de drenaje y señalización.
En el concurso de licitación, que recibió siete propuestas, también participó Construcciones B&M, una compañía que comparte con Infraestructura en Construcción tres integrantes y la misma dirección en Xalapa. El artículo 51 de la Ley de Obras Públicas establece que las dependencias no pueden recibir proposiciones ni adjudicar contratos a “licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común”. Pero la SICT no descalificó a las empresas.
La secretaría evaluó a Infraestructura en Construcción como la mejor en calidad, capacidad, experiencia y cumplimiento de contratos, aunque la firma presentó la tercera oferta más cara. Incluso fue la única empresa de la que se tomaron en cuenta contratos previos; esto le dio una puntuación de diez en la evaluación de experiencia y especialidad.
La oficina veracruzana de la SICT dijo a Quinto Elemento Lab que tampoco revisó el listado 69-B del SAT para saber si la empresa podía facturar. De otro modo, habría descubierto que, cuando se firmó el contrato, la compañía tenía 11 meses y 13 días de haber sido declarada una EFOS definitiva.
La vigilancia del SAT sobre la constructora se remontaba a 2016. Infraestructura en Construcción permaneció dos años con el estatus de presunta EFOS, hasta que la autoridad fiscal resolvió que no logró desvirtuar el supuesto de operaciones inexistentes.
En su artículo 50, la Ley de Adquisiciones establece varias circunstancias en las que no se pueden otorgar contratos a determinados proveedores, entre ellas las de conflictos de interés o falta de cumplimiento en otras obras o que tengan algún impedimento para trabajar por alguna razón legal, pero en ninguna parte esa ley obliga a las dependencias a revisar si las empresas aparecen o no en el listado de EFOS del SAT.
La SICT, en respuesta a un cuestionario de Quinto Elemento Lab y AVC Noticias, confirmó que no necesitó indagar el estatus de Infraestructura en Construcción porque consideró que cumplía con los requisitos del proceso: “de ahí que sean licitaciones públicas, no existe impedimento alguno [para que participen], salvo los establecidos en las bases de la licitación”.
Así que el trato se cerró en agosto de 2019 con las firmas del arquitecto Ramón Montano Hernández, apoderado general de la empresa, y por parte de la SICT, de Blanca Estela Castillo Morales, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y de José Adalberto Vega Regalado, director del Centro SICT Veracruz.
La obra debió comenzar a finales de agosto, pero en el camino hacia Tomate no hubo movimiento alguno. La alerta tuvo que haberse encendido en la secretaría cuando la constructora no le entregó la factura por 917 mil pesos que le permitiría cobrar el anticipo necesario para arrancar los trabajos.
En octubre, Montano, el apoderado de la firma, envió una carta a la SICT en la que pedía la rescisión del contrato porque la empresa estaba imposibilitada por el SAT para emitir facturas desde un año atrás. Sin embargo, la dependencia esperó hasta la fecha en que debía terminarse la obra, el 18 de diciembre, para comunicarle al arquitecto que había empezado el procedimiento de cancelación.
La secretaría admitió, en documentos recibidos por Transparencia, que la EFOS “no dio inicio en ningún momento a los trabajos encomendados por la dependencia”. Personal de la SICT recorrió la obra en febrero de 2020, en una cita a la que no se presentó Montano, y tomó nota de que el avance era nulo. Solo entonces se hizo oficial el término del contrato.
Para Natalia Campos, experta en administración pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), casos como el de Infraestructura en Construcción exponen dos niveles de fallo en las dependencias: primero, en la planeación de los convenios y el establecimiento de controles “para no incurrir en incumplimientos de ley, en contratación indebida”, y segundo, en el “seguimiento de los contratos, sobre todo en obras”.
La SICT afirma que no se le pagó a la empresa el contrato de Playa Vicente debido a su imposibilidad para facturar. Pero el expediente —obtenido mediante solicitudes de información— señala que la EFOS debió abonar 1.3 millones de pesos en concepto de multas y penas por el incumplimiento de la obra, lo que no ha hecho.
El procedimiento para hacer eficaz la póliza que el contratista dejó en garantía es responsabilidad ahora de la Tesorería de la Federación, contestó la secretaría.
Las únicas consecuencias de la rescisión del contrato han sido para los habitantes de Tomate, pues no se planea licitar de nuevo la reparación del camino. Mientras tanto, los operadores de la compañía fantasma han seguido trabajando como contratistas gubernamentales.
¿Dónde están los socios?
Tras hierba crecida, escombros y otras tres viviendas se alza una casa de ladrillo con muros sin repellar en las afueras de Xalapa, por la carretera que va hacia Alto Lucero. De la puerta con mosquitero sale una mujer llamada Nubia, quien asiente cuando escucha el nombre de su esposo, Félix González, aunque pronto surge la sorpresa.
En el acta constitutiva de Infraestructura en Construcción, fundada en el 2000, González figura como un “constructor” dueño de 200 acciones que valen 1 millón de pesos. En la vida real es un albañil de 49 años que ha tenido que ganarse la vida desde joven. Su dirección como accionista, que aparece en la inscripción del Registro Público de Comercio, es la de una tienda de abarrotes de su familia ubicada a pocos metros de su vivienda.
—Trabajó en una empresa que trabaja con ayuntamientos, pero él es de las personas que trabajan; accionista no es —enfatiza la mujer, quien tras una breve pausa ríe mientras señala su modesta casa—. Si no, tuviéramos una residencia.
Dar con la constructora es como ir tras un fantasma. En un domicilio reportado por Infraestructura en Construcción en Xalapa, el interior 8 del número 449 de la calle 20 de Noviembre, el arrendatario explicó que durante muchos años la empresa alquiló cuatro locales, pero se fueron desde hace tiempo.
En el número 6-A de la calle Benito Coquet, en la colonia Villa Ánimas de la capital veracruzana, la contratista registró otro domicilio fiscal. Ahí, en 2020, un notificador de la SICT localizó a Montano, a quien le entregó la rescisión del contrato para el camino de Playa Vicente.
Pero hoy no queda nada que permita comprobar que ahí opera una empresa: los vecinos no ubican el nombre de la compañía fundada supuestamente por un albañil, un jardinero y una accionista desconocida.
Miguel Ángel Alarcón González, otro de los supuestos accionistas, reconoció que formó parte de Infraestructura en Construcción y refirió que “el representante legal era el arquitecto Ramón [Montano]”. Actualmente, Alarcón dice trabajar como jardinero; durante una visita a su casa, no quiso hablar más sobre su participación en la empresa ni de los contratos que le otorgaron.
A la tercera accionista, Hilzi Ávila Domínguez, no fue posible localizarla. La dirección que reportó en el acta constitutiva es un edificio de locales en el centro de Xalapa.
El bajo perfil de los socios contrasta con el del apoderado legal de Infraestructura en Construcción, Montano, quien fue parte del equipo que presidió la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Veracruz.
Su rol en la empresa solía incluir la firma de los contratos públicos y la comunicación con las dependencias.
Según el padrón de proveedores de Veracruz, H.M. Pavimentaciones y Construcciones B&M —creadas en 2006— reportaron el mismo domicilio que la empresa fantasma: calle Benito Coquet 6-A. Y la información pública disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) muestra que Infraestructura en Construcción y B&M compitieron en la obtención de varios contratos estatales, pese a estar vinculadas.
En una larga entrevista en Xalapa para conocer su postura ante esta investigación, Montano confirmó que Infraestructura en Construcción está suspendida por el SAT y que dejó de operar en el domicilio de la calle Benito Coquet 6-A, pero negó su condición de empresa fantasma: “Se les puede demostrar con 40 contratos. Nosotros no facturamos, hacemos obras (...) vaya a la SIOP y pregunte cuántas obras hizo Infraestructura (en Construcción) antes de que la declararan una empresa facturera”.
El entrevistado corroboró la relación del trío de empresas y que sus familiares tienen roles en ellas. A Nancy Casas, representante legal de Infraestructura en Construcción y comisaria en las otras dos firmas, la reconoció como su sobrina. Juan Manuel Soto, accionista y administrador de H.M. Pavimentaciones y Construcciones, es su excuñado. “Mi esposa, ella es mi esposa, ella es Olga Leticia, y ni siquiera mete la mano a la empresa”, dijo Montano.
También explicó que usó extrabajadores o conocidos para constituir las empresas, aunque era él quien las manejaba.
–Normalmente se buscan cuatro gentes para hacer una empresa. Se invita a uno u a otro no hay ninguna cosa mala en eso –refirió Montano.
–Aunque alguno era un jardinero, un albañil… –añadió la reportera.
–A lo mejor, exactamente. Es alguien que uno conoce. Gente que trabaja con nosotros, a veces se pone y listo, para formar las cuatro gentes que nos piden para hacer una empresa por ley.
–Como para cumplir una formalidad.
–Nada más. Nunca se da dinero. Porque la empresa dice que se suscriben y se pagan tantas acciones. Pues eso no es cierto. Se hacen de papel las empresas.
–Entonces esas personas no aportan nada...
–No aportan nada ni tienen nada los pobres, a veces. Ellos trabajaron con nosotros, varios de esos trabajaron con uno y, okay, recibían un salario nada más y eso, pero nunca fueron parte de la empresa en sí financieramente.
En conjunto, las tres compañías, dedicadas al ramo de la construcción, han recibido más de 300 millones de pesos en contratos públicos.
Tan solo Infraestructura en Construcción obtuvo más de 134 millones de pesos, según una base de datos de empresas fantasma contratadas con recursos federales, creada por investigadores del Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) de la Universidad Nacional Autónoma de México y por Quinto Elemento Lab, en la que se identificaron 29 contratos de la facturera, el más antiguo de 2005, y el último de agosto de 2019, en el arranque del sexenio de AMLO.
La sombra de Javier Duarte
De acuerdo con esta información, obtenida mediante el cruce del listado de EFOS identificadas por el SAT con los contratos de CompraNet de 2002 a 2022, en la mayoría de los convenios fue la Secretaría estatal de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), en el periodo del gobernador Javier Duarte, la que asignó los recursos federales.
Infraestructura en Construcción fue empleada para levantar la barda perimetral del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Xalapa, hacer obras carreteras en el estado y remodelar el parque Reino Mágico, en el puerto de Veracruz.
Quinto Elemento Lab revisó, vía Transparencia, los 29 contratos de la empresa fantasma. El IMSS de Veracruz dijo que no cuenta con información de 2016, cuando debió construirse la barda. En cinco casos, la SIOP contestó que no encontraron registros documentales ni comprobantes de la realización de los trabajos, y en el resto de los convenios no se remitió la información en formato electrónico, solo se puso a disposición de manera presencial.
Aunque Infraestructura en Construcción fue enlistada como empresa fachada y, por tanto, no podía facturar, la red de Montano continuó buscando contrataciones públicas por medio de las otras dos firmas, principalmente Construcciones B&M.
La constructora consiguió contratos por medio de la SIOP en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, y en el ayuntamiento de Xalapa con Ricardo Ahued Bardahuil, exdirector de Aduanas y exsenador, y actualmente secretario de Gobierno de Veracruz.
En respuesta a esta investigación, mediante un oficio de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, Ahued declinó hablar sobre el tema porque dijo que le competía al municipio; este equipo también proporcionó un cuestionario por teléfono y correo a comunicación social de la capital veracruzana y a la SIOP, pero no hubo respuestas.
Sobre estas redes de diferentes empresas constituidas con los mismos socios, administradores, comisarios o representantes legales, el experto en derecho constitucional, fiscal y administrativo, Luis Pérez de Acha, opina que “hay una presunción fundada de que las demás son también factureras”.
Que las autoridades únicamente inmovilicen una firma de la red se debe a que “el SAT no está operando sus bases de datos”, porque si lo hiciera, podría “llegar a la conclusión de que las otras empresas fantasma forman parte de una misma red delictiva”, considera el abogado.
La red de la que forma parte Infraestructura en Construcción abarca más de una treintena de empresas, según registros de comercio. Aunque no todas tienen contratos públicos ni los mismos accionistas. Por ejemplo, además de las tres compañías ya mencionadas, Montano formó parte del consejo de administración de una cuarta firma cuyos socios, a su vez, han creado otras empresas.
“Funcionan en redes, en esquemas complejos en distintos ámbitos gubernamentales, no solo desde lo federal, sino también desde lo local a través de prestanombres” explica Sarahí Salvatierra, integrante del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar.
El fin, dice, es ocultar a los verdaderos beneficiarios finales usando capas y capas de empresas integradas, muchas veces, por “personas de bajos recursos, porque les roban la identidad, porque hay una gratificación económica y ellos no lo saben, porque el fin es ocultar al beneficiario real”.
Hasta ahora, el SAT únicamente ha inmovilizado a Infraestructura en Construcción.
No obstante, Construcciones B&M no ha escapado de reportes y reclamos: en 2021, el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) hizo observaciones a la SIOP por pagarle a la firma 2 millones de pesos de anticipos que no se recuperaron; en 2022, en Xalapa, vecinos de la avenida Chedraui Caram protestaron porque la empresa había parado la rehabilitación de la calle, lo que ocasionó que se concluyera con retrasos; y también hubo quejas por las demoras de la compañía para terminar la rehabilitación de la avenida 20 de Noviembre.
De acuerdo con información disponible en la PNT, en 2024 Construcciones B&M recibió contratos por adjudicación directa de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, y volvió a trabajar para el ayuntamiento de la capital veracruzana.
Sin carretera, sin dinero, sin consecuencias
José Adalberto Vega Regalado fue nombrado director del Centro SICT Veracruz por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, el primer día del gobierno de López Obrador. Mientras duró en el cargo, por sus manos pasaron 252 contratos, entre ellos el de la carretera a Tomate, en Playa Vicente.
Hasta entonces, Vega había trabajado como director de una empresa privada y en la administración de un periódico en Monterrey, además de ser inversionista de una compañía que se dedicaba a crear talleres de robótica para niños.
AVC Noticias documentó en 2020 la inconformidad con Vega de empresarios y constructores de la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción (SMITC). Su presidente, Marco Salas, lo acusó de favorecer a empresas “creadas al vapor” o provenientes de la Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, así como de obras pagadas y no realizadas, y de proyectos cancelados.
El Órgano Interno de Control de la SICT también advirtió irregularidades en tres contratos de la delegación estatal de esta secretaría por pagos en exceso de casi medio millón de pesos.
Sin embargo, la dependencia en Veracruz respondió a un cuestionario entregado al área de comunicación social que contratar a una empresa fantasma no ameritó ninguna sanción administrativa para Vega como director del Centro SICT, ni para otros funcionarios que autorizaron el contrato con Infraestructura en Construcción. La dependencia no contestó a una segunda petición de posicionamiento para este reportaje.
Tras casi dos años en el puesto, en enero de 2021, Vega fue cambiado a la SICT Nuevo León, pero dejó el cargo a los pocos meses tras ser señalado por cancelar una decena de fallos de licitaciones para asignar los contratos a tres constructoras.
De acuerdo con el diario Reforma, cuando todavía estaba al frente de esa oficina, el funcionario compartió vuelos privados con Sergio Carmona Angulo, “el Rey del Huachicol”, un empresario tamaulipeco beneficiado por la SICT con la reasignación de los contratos. El constructor, asesinado en noviembre de 2021, era hermano de Julio Carmona, quien en el sexenio de AMLO operó como director de la aduana de Reynosa.
Actualmente, Vega es diputado federal suplente de Nuevo León por el Partido Verde Ecologista de México y es integrante de la comisión de Infraestructura. Previo a esta publicación se agendó una entrevista con el legislador, pero canceló una hora antes del encuentro. Tampoco respondió por escrito a preguntas sobre esta investigación.
Hasta la fecha, de acuerdo con la SICT Veracruz, no hay planes para volver a licitar un camino digno que conecte a los habitantes de Tomate con Playa Vicente. A la espera se ha sumado la resignación.
Al enterarse de la obra que nunca se hizo porque se asignó a una empresa fantasma, un vecino de esta comunidad rural dijo: “Estamos en el olvido. Seguridad, infraestructura y caminos… continuamos igual que desde hace décadas”.
Por medio de la UC SICT-Centro SCT Veracruz #009000938, el 9 de agosto de 2019 se celebró contrato con la empresa Infraestructura en Construcción por 4,585,715.51 para la “Conservación consistente en fresado del pavimento, reposición de base hidráulica y carpeta asfáltica, bacheo profundo, riego de sello premezclado, obras de drenaje y señalamiento del camino: E.C. (Tuxtepec - Palomares) - El Tomate - Rio Manzo del km. 0+000 al km. 4+000 con una meta de 4.00 km. en el Municipio de Playa Vicente del Estado de Veracruz.”
1.- Durante el proceso de licitación, firmó Angélica Elizabeth Amaro Ortega, aunque su nombre no consta en ningún movimiento registral de la compañía como representante legal o apoderada. ¿Cómo se acreditó esta persona durante el proceso?
EN EL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EFECTIVAMENTE FIRMÓ LA C. ANGELICA ELIZABETH AMARO ORTEGA, LO CUAL ES PROCEDENTE CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, QUE A LA LETRA DICE:
“Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.”
ES DECIR, LA PERSONA QUE ENTREGA LAS PROPOSICIONES EN EL ACTA DE APERTURA, NO NECESARIAMENTE TIENE QUE SER PARTE DE LA EMPRESA, LO PREVÉ LA LEY.
Al momento de la firma del contrato, Infraestructura en Construcción tenía 11 meses y 25 días de haber sido incluida en la listado de contribuyentes definitivos en los supuestos del Artículo 69-B, primer y segundo párrafo del CFF.
2.- ¿Corroboró la SCT en esta lista los nombres de las empresas que participaron en la licitación?
CUALQUIER EMPRESA PUEDE PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES, DE AHÍ QUE SEAN LICITACIONES PÚBLICAS, NO EXISTE IMPEDIMENTO ALGUNO, SALVO LOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN.
Desde octubre de 2019 el representante de la empresa Infraestructura en Construcción indicó que no realizaría la obra porque no podía facturar y pidió la terminación anticipada del contrato.
3.- ¿Por qué el procedimiento de finiquito se realizó hasta enero de 2020?
CON FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2019 SE FIRMA CONTRATO DE OBRA. POR CAUSAS IMPUTABLES ALA CONTRATISTA, SE DETERMINÓ INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2010, POR LO QUE SEGUIDO EL PROCEDIMIENTO, POR SUS CAUSES LEGALES, EN FECHA 27 DE ENERO DEL 2020, SE EMITE DICTAMEN DE RESCISIÓN DE CONTRATO, PROCEDIMIENTO DEL CUAL DEVIENE EL FINIQUITO DE OBRA AL
SER MATERIA DE UNA RESCISIÓN, MISMO QUE FUE EMITIDO DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL EL 17 DE FEBRERO DEL 2020.
De acuerdo con el Finiquito de obra elaborado a partir de la resolución del Dictamen de Rescisión Administrativa SCT-6.29-0388/20 y del oficio SCT-6.29-0413/20 de fecha 28 de enero de 2020 emitido por el C. Ing. José Adalberto Vega Regalado, en su carácter de Director General del Centro S.C.T. “Veracruz”, a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de dicho se contrato este se determinó como finiquitado.
4.- ¿Después de la liquidación por el incumplimiento del contrato se realizó un nuevo procedimiento para hacer la obra en cuestión o ésta ya no se realizó?
NO HASTA LA FECHA
El documento relativo al Finiquito de Obra Pública también indica que resultó un importe de conceptos a favor del Centro SCT Veracruz por 1,382,696.23 pesos. La empresa había presentado una póliza de Chubb Finanzas Monterrey Aseguradora de Caución por 918,143.10 pesos.
5.- ¿Se procedió a la efectividad de la póliza?
UNA VEZ AGOTADOS LOS JUICIOS DE NULIDAD EN CONTRA DE LAS RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y EL FINIQUITO, ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REMITIR A LA TESOFE EL EXPEDIENTE PARA LA EFECTIVIDAD DE FIANZAS
6.- De ser así, ¿la diferencia de dinero fue cubierta por la empresa? En caso contrario de que no se hubiera procedido con la póliza, ¿la empresa Infraestructura en Construcción ya saldó el monto señalado por penas e incumplimientos?
ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EN EL PRESENTE CONTRATO, NO SE REALIZÓ PAGO ALGUNO A LA EMPRESA, EN RAZÓN DE QUE NUNCA PRESENTÓ FACTURA PARA COBRO DEL ANTICIPO, SIN EMBARGO, AL HABER INCUMPLIDO CON EL CONTRATO PACTADO, LO QUE PROCEDIÓ CONFORME A DERECHO ES DETERMINAR LA RESCISIÓN Y EMITIR FINIQUITO Y SUS CORRESPONDIENTES PENAS CONVENCIONALES.
EL COBRO CORRESPONDIENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE LA TESOFE POR MEDIO DE LA EFECTIVIDAD DE FIANZAS, PROCEDIMIENTO QUE YA NO LE CORRESPONDE A ESTA SECRETARÍA, SINO LA TESOFE, UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE EFECTIVIDAD
*¿Hubo algún tipo de sanción administrativa hacia los ingenieros José Adalberto Vega Regalado, Tomás Antonio Ibarra García y/o Guadalupe Acosta González o algún otro funcionario de la SCT por haber suscrito este contrato con una empresa imposibilitada para su contratación?
NO HAY SANCIÓN.