A lo largo de los últimos cuatro sexenios, el Gobierno mexicano ha mantenido una relación constante con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), también conocidas como empresas fantasma, fachada, inexistentes o factureras. Estas compañías no tienen la capacidad ni los recursos para cumplir con los servicios que prometen, pero han logrado, por más de dos décadas, acceder a grandes sumas de dinero público.

Quinto Elemento Lab, en colaboración con el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –activo hasta 2024–, investigó los contratos otorgados a estas compañías y que involucraron recursos federales. El análisis revela que las administraciones entregaron a empresas fantasma un total de 11 mil 492 millones de pesos. Esto equivale a 1.5 millones de pesos diarios en recursos públicos asignados a EFOS durante 20 años.

Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó de cobrar 7 mil 239 millones de pesos en impuestos a estas empresas fachada, debido a cancelaciones o condonaciones de adeudos fiscales.

Hay registros de contratos con empresas fantasma desde la presidencia de Vicente Fox. En el sexenio de Felipe Calderón fue cuando obtuvieron más dinero federal. Con Enrique Peña Nieto se multiplicaron los convenios. Y, pese al discurso anticorrupción, durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador siguieron contratando a EFOS y se desplomó la identificación que hace el SAT de estas compañías.

En total, entre 2002 y 2022 la administración pública otorgó 3 mil 529 contratos con recursos federales a 834 EFOS. Las empresas fachada ganaron esos contratos, sobre todo, en su primer y segundo año de creación, y operaron un promedio de 8.1 años hasta que fueron inmovilizadas por el SAT. Con pocas sanciones y menos denuncias, algunas de estas compañías sobrevivieron a escándalos de corrupción y hasta lograron hacer negocios en distintos sexenios.

La mayoría de los contratos se asignaron cuando las empresas todavía no eran declaradas factureras por el SAT, pero todas terminaron incluidas en la lista 69-B, el inventario que el organismo actualiza regularmente para incluir a las compañías que cataloga como fantasmas.

Quinto Elemento Lab y el OCI llegaron a estos resultados mediante el análisis de una base de datos conformada por el cruce de los contratos de CompraNet de 2002 a 2022 con el listado del SAT de EFOS definitivas al 31 de enero de 2023.

Este registro se actualiza periódicamente. Así como se agregan nuevas empresas, algunas de las EFOS definitivas contabilizadas en esta investigación podrían haber sido excluidas en listados posteriores.

Aunque no fue posible auditar cada uno de los 3 mil 529 contratos con empresas fachada, Quinto Elemento Lab solicitó por Transparencia facturas y probatorios del cumplimiento de una muestra de mil 311 convenios (37 por ciento del total y 66 por ciento del monto global), correspondientes a las 87 empresas que acumularon más recursos, convenios o que fueron contratadas cuando ya eran EFOS definitivas, entre otros criterios.

De los 7 mil 400 millones de pesos que representó esa muestra, apenas hubo pruebas —documentos, en su mayoría, y muy pocas fotos— de que se realizó poco más de una cuarta parte de los contratos, equivalente solo a mil 241 millones. Para 48.8 por ciento de los convenios (y más de 2 mil 698 millones) no hubo pruebas de cumplimiento. Sobre el resto, las dependencias respondieron que los expedientes se perdieron en incendios, inundaciones u otros incidentes; entregaron documentos ilegibles, clasificaron la información e incluso negaron la existencia de los contratos. Hubo dependencias que proporcionaron facturas, pero negaron contar con probatorios.

También se halló que el reparto de dinero público entre las firmas fue desigual. Algunas lograron cientos de miles de millones de pesos sin necesidad de demasiados contratos. Otras recibieron muchos convenios, pero de cantidades más modestas. Apenas a diez empresas fantasma se les destinó casi la mitad de todo el dinero, de acuerdo con la investigación.

Los recursos fluyeron a través de 486 instituciones de los tres niveles de gobierno. El 90 por ciento de las secretarías de Estado y buena parte de las entidades paraestatales actuales (como organismos, institutos o empresas públicas) contrataron factureras en algún momento de las dos últimas décadas. Incluso el SAT, responsable de bloquear a estas compañías.

Tan solo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) concentraron cerca de una cuarta parte de los contratos y del total del dinero otorgado a las compañías inexistentes.

Así que esta no es una historia más de corrupción.

Son dos décadas de contratos con dinero federal asignados a compañías inexistentes, que no debieron recibir esos fondos: una de las más grandes entregas transexenales de recursos públicos en la historia reciente de México.