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AMLO tendrá que investigar los nexos Lozoya-AMHSA-Odebrecht

Tres legisladores, actuales y electos, de distintos partidos, piden incorporar los datos revelados por Quinto Elemento Lab a la investigación sobre el caso Odebrecht. Están convencidos de que el próximo gobierno tendrá que investigar las transferencias de Altos Hornos a la offshore de la constructora brasileña y la participación de Emilio Lozoya.
Y concluyen: “No puede dejar de hacerlo”.

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EInstalaciones de Altos Hornos / Foto AHMSA

23 Agosto 2018

Por Andrea Cárdenas

Uno está por llegar al Senado, ella lo dejará e irá a la Cámara de Diputados y uno más aún es senador. Y los tres legisladores encuentran un punto de coincidencia: deben investigarse los nexos Emilio Lozoya-Altos Hornos de México-Odebrecht.

Dudan que sea posible hacerlo en el actual gobierno, pues a pesar de que investigaciones periodísticas han revelado información sobre las “aventuras criminales” de la constructora brasileña Odebrecht en México, la Procuraduría General de la República ha hecho poco o casi nada por concluir las investigaciones.

Por ello, consideran que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador no podrá, de ningún modo, eludir esta investigación y deberá colocarla como una de sus prioridades en la lucha contra la corrupción.

“Debe ser uno de los casos que retome de manera importante la nueva Fiscalía”, destaca Fernando Manzanilla, diputado electo y próximo coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), parte de la coalición electoral que llevó a la Presidencia a López Obrador.

No sólo debe ser un caso prioritario para la nueva Fiscalía General, sino que debe incorporar una nueva línea de investigación a partir del reportaje de Quinto Elemento Lab sobre las extrañas transferencias de la acerera Altos Hornos de México SA (AHMSA) a Grangemouth Trading, una firma offshore propiedad de Odebrecht.

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Diagrama del flujo de pagos de sobornos de Odebrecht. En él se muestra el papel central de Olívio Rodriguez, el operador de la constructora brasileña que controlaba la offshore Grangemouth Trading, a cuya cuenta Altos Hornos de México envió 3.7 millones de dólares.

Y tendrá que investigarse, insiste Luis Sánchez, actual coordinador de los senadores del PRD, sobre el papel y el beneficio obtenido por Emilio Lozoya, entonces director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), al comprarle en 275 millones de dólares a AHMSA una planta chatarra de fertilizantes. “Fue una adquisición que desde un principio estuvo llena de corrupción”.

Y recuerda que desde el principio los senadores del PRD dijeron “que la compra de la planta era una acción contraria a la inteligencia misma, era una compra para beneficiar a Altos Hornos, que se deshacía de fierros viejos que no servían para nada, con una ganancia exorbitante. Lo señalamos desde un principio”.

Lo que la investigación revela, y lo que no sabíamos, dice Luis Sánchez, es la posibilidad de que “este negocio de Emilio Lozoya con Altos Hornos también le redituó posiblemente un beneficio personal”.

Martha Tagle, aún senadora y próxima diputada federal por Movimiento Ciudadano, aprecia en la información publicada un elemento adicional: pone al descubierto un esquema de triangulación ilegal para el pago de sobornos en el que estuvieron involucrados funcionarios federales de alto nivel.

Pero lo más relevante, enfatiza la legisladora, es lo siguiente: “Estos datos (dados a conocer por Quinto Elemento) aportan nuevos elementos muy importantes (para) que las autoridades mexicanas continúen con estas investigaciones; como hemos visto hasta ahora, no vemos mucho futuro con el procurador en funciones”.

La revelación de las transferencias de Altos Hornos de México a Grangemouth, una de las 40 empresas fantasma creadas por Odebrecht para sobornar a la élite política de América Latina, de la que salieron también cinco millones de dólares en presuntos sobornos dirigidos a Emilio Lozoya, de acuerdo con los testimonios de tres ex altos ejecutivos de la constructora ante la justicia de Brasil, abre nuevas rutas para indagar.

Al haber ventilado de manera pública los hechos, considera Martha Tagle, “las autoridades podrían iniciar una investigación de oficio; la Secretaría de Función Pública tiene la responsabilidad de identificar cómo pudieron triangularse los recursos”.

Luego de que la investigación periodística se publicó en varios medios, Altos Hornos de México reconoció que había hecho transferencias por un total de 3.7 millones de dólares a las cuentas bancarias de Grangemouth, pero las justificó con el argumento de que era el pago por los servicios recibidos en materia de asesoría para localizar proveedores de maquinaria y equipo en Europa y Asia, así como por labores de aprovisionamiento y seguimiento de logística.

La respuesta de la empresa propiedad de Alonso Ancira ha sido insuficiente, en opinión de Luis Sánchez: “Dicen que contrataron los servicios de esa empresa inexistente y después cancelaron el contrato; no tienen fundamento esos argumentos porque, como lo dice la investigación, esa empresa no tiene ni oficinas, ni personal ni nada, es una empresa fantasma”.

Fernando Manzanilla coincide en que la revelación de las transferencias de Altos Hornos aportan nuevos elementos que podrían ser de utilidad para esclarecer uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, aunque lamenta que en México no se registran avances por la falta de voluntad política, en contraste con otros países en donde los culpables sí han sido condenados o se encuentran en proceso judicial.

“Tendríamos que preguntar a las autoridades cuál es el estatus del asunto Odebrecht; ahora tienen nuevos datos para seguir indagando; si no lo hacen, lo hará la nueva administración”, dice Manzanilla, convencido de que el próximo gobierno atenderá este caso.

El próximo coordinador de los diputados del PES cree que los nuevos datos que se han aportado podrían ser de utilidad para esclarecer uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, aunque lamenta que en México no se registran avances: “Otro escándalo internacional es que las autoridades mexicanas son de las pocas que no han dado respuesta, que no sólo viene avanzando en los tribunales latinoamericanos”, sino también en los de Estados Unidos.

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Ha pasado más de un año desde que el ex procurador Raúl Cervantes se reunió con los senadores y les confió que la investigación del caso Odebrecht estaba prácticamente concluida. Desde entonces, no se conoce avance alguno.

Por eso, los legisladores exigen que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador retome desde el 1 de diciembre la investigación para aclarar el destino que tuvieron los millones de dólares que salieron de las cuentas fantasma de Odebrecht en México.

Sin embargo, una de las condiciones para garantizar que se acabará con la impunidad en éste y otros casos, tiene que ver en opinión del coordinador de los senadores del PRD con garantizar la plena autonomía de los titulares que estarán a cargo de la Fiscalía General, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

“Un fiscal nombrado como un ex colaborador de Andrés Manuel López Obrador es obvio que no va a investigar; tendría que nombrarse un fiscal autónomo” y darle libertad para investigar”, plantea Luis Sánchez. “Si se pretende un cambio de gobierno, tendría que empezar por ir al fondo de estas investigaciones y castigar ejemplarmente a los culpables”.

Menciona el ejemplo de Brasil y de otros países cuyas fiscalías autónomas han llevado a los responsables a la justicia. “Es una muestra de lo que necesitamos en México. Mientras el fiscal siga siendo impuesto o propuesto por el presidente, vamos a continuar igual”.

La senadora Martha Tagle también piensa en que es indispensable  que el próximo fiscal retome la investigación. Eso, dice, sería un signo positivo. “Sería una buena señal del gobierno que va a entrar, que ha dicho que el perdón no significa impunidad”.

 

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ERuben Moreira, gobernador de Coahuila, el presidente Enrique Pena Nieto y Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos / Foto Procesofoto

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